Desde el mes de marzo de 2015 en el cantón El Porvenir se ha venido librando una lucha constante por la defensa del territorio y los recursos ambientales del municipio de Santo Tomás. A partir del desarrollo de un proyecto urbanístico denominado “Brisas de Santo Tomás”, ejecutado por parte de Inversiones Robles, la población de Santo Tomás y del cantón El Porvenir ha buscado defender sus recursos y crear conciencia sobre los graves efectos que podría traer al municipio la tala de árboles y la construcción de este proyecto en una zona boscosa e identificada como de recarga hídrica puesto que aunque se poseen los permisos a través de una fianza otorgada al Ministerio de Medio Ambiente, no se volvió a realizar ningún estudio de impacto ambiental que pudiera dar cuenta de la idoneidad de tal construcción.
Sonia Sánchez, reconocida defensora de Derechos Humanos en el municipio de Santo Tomás, ha sido una de las principales defensoras y protectoras de los recursos del cantón El Porvenir. En ese sentido, ha apoyado las distintas acciones de denuncia y de sensibilización sobre lo que implica este proyecto para el municipio.
Inversiones Robles ha presentado una acusación contra Sonia por difamación y calumnias, por haber denunciado públicamente los daños ambientales que tal proyecto está generando en el territorio del cantón El Porvenir y por denunciar las amenazas de muerte que durante este proceso ha recibido. Esta no es la primera acusación que Inversiones Robles realiza en contra de Sonia, anteriormente la misma empresa le acusó de realizar acciones de coacción en contra de sus empleados, al impedir el ingreso a la zona de construcción como acción de protesta pacífica.
Ante las amenazas de muerte hechas a Sonia y a otras personas que se encuentran denunciando los efectos del proyecto en el municipio, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha dictado medidas cautelares a favor de Sonia Sánchez, al analizar el riesgo de daños irreparables contra la vida y la integridad fìsica de ella y tres personas más que han sido amenazadas, y ha solicitado al Director de la Policía Nacional Civil (PNC) y al Fiscal General de la República la investigación imparcial, exhaustiva y efectiva de estas amenazas, así como informe sobre las medidas adoptadas por ambas instituciones para el cumplimiento de las recomendaciones brindadas.
Sonia está enfrentando una doble criminalización por parte de una empresa constructora se le acusa de coaccionar las actividades realizadas por la empresa y de difamar sus acciones y la legalidad de las mismas sin embargo, no se toma en cuenta que la motivación especial de Sonia y de las y los demás miembros de su comunidad es defender los recursos hídricos de su comunidad.
Como organizaciones defensoras de Derechos Humanos consideramos que tales hechos dirigidos contra Sonia tienen por finalidad desprestigiarle como persona e inhibir su labor como defensora de Derechos Humanos, así como criminalizar su labor y generar temor en la población y las organizaciones que acompañan esta lucha para que se desista de la misma. Es por ello que consideramos que las acusaciones realizadas en su contra ameritan un proceso de investigación exhaustivo a fin de desvelar la finalidad con la que se han interpuesto esta serie de denuncias en su contra, sabiendo que es una lideresa comunitaria de gran reconocimiento a nivel nacional y trayectoria en materia de defensa de Derechos Humanos.
Ante esta situación, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos abajo firmantes, exigimos:
1- La investigación efectiva y diligente de la Fiscalía General de la República (FGR) de las amenazas de muerte hechas en contra de Sonia Sánchez. La FGR ha actuado con rapidez y esmero sobre las denuncias presentadas por Inversiones Roble, sin embargo, sigue sin dar respuesta sobre las amenazas de muerte que Sonia ha denunciado reiteradamente.
2- La protección inmediata por parte de la PNC de Sonia y demás personas que se encuentran librando una lucha legítima de la defensa de los recursos ambientales del cantón El Porvenir pues su lucha no está centrada en la legalidad de los permisos otorgados de manera administrativa a través de fianzas sino más bien en la falta de investigaciones que den cuenta del impacto ambiental que tales proyectos tienen sobre la vida y salud presente y futura de las y los miembros de tal comunidad.
3- La vigilancia permanente del debido proceso en las acusaciones presentadas por Inversiones Roble hacia Sonia Sánchez, garantizando sus derechos fundamentales.
A las Instituciones públicas garantizar los medios necesarios para el ejercicio legítimo de la protesta social, así como el derecho a defender Derechos Humanos, entre ellos los derechos ambientales.
Reiteramos que las organizaciones defensoras de Derechos Humanos seguiremos acompañando y respaldando la labor y la lucha de Sonia Sánchez, ya que reconocemos su trayectoria como defensora de Derechos Humanos y su interés genuino por proteger su comunidad y los recursos ambientales con los que esta cuenta.
San Salvador, 3 de noviembre de 2015
Organizaciones firmantes:
Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos/ Colectiva Feminista - Servicio Social Pasionista (SSPAS) - Asociación Pro-Búsqueda - ADES- CRISTOSAL- CEMUJER- DIGNAS- Tutela Legal- IMU
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