lunes, 25 de enero de 2016

HONDURAS.Mis hondureñas, que no Miss Honduras


En estricto sentido, hondureñas son aquellas mujeres que nacieron en el territorio llamado hoy, Honduras, o las que a través de un papel firmado por el estado se les dice que lo son, por opción, deseo o permanencia. Así que ellas están incluidas en este 25 de enero que se dice día de la mujer hondureña y cuando nos regalarán otra corte sin justicia, pero suprema para repartir privilegios y salarios entre los pandilleros del “hernandismo” y sus secuaces. 

Personalmente, no me asumo compañera de destino histórico y geográfico con esa hondureña que es responsable directa de la muerte de cientos de personas del seguro social movida por interés de engordar sus cuentas y anda por ahí haciéndose la chanchita; con la que negocia carros y patrullas con el estado patriarcal y se encarga de profundizar la explotación de las trabajadoras de este país; no soy compatriota de las que se apropian de ríos, tierras, montañas, Cortes, con sus legalizadas mañas en el congreso del cual, por supuesto, es parte.

No puedo serlo, no quiero. 

Tampoco de las que persiguen universitarias, las que dirigen odio contra las lesbianas ni con las que hablan en nombre de un dios macho y violento. Las que adoran a los hombres y todas las estupideces que dicen, las barbaridades que hacen; pero odian a las mujeres y las lapidan con la palabra por cada error, cada metida de pata, cada tropiezo que protagonicen. 

Aunque a todas ellas y a mí nos dieron lecciones de Moral y cívica hondureña en la escuela y nos enseñaron a recitar el himno entero y su explicación, nos contaron de las más banales razones para respetar héroes masculinos: que Cabañas era un viejito honrado, que Morazán era soldado y le faltaba una oreja, que Valle redactó el acta de independencia, aunque no muy convencido; y por supuesto aprendimos todas que en Honduras las mujeres nunca hicieron nada por este territorio. 

No son mis hermanas de historia, aun compartiendo la misma narración de versos patrios, en esta noción de patria de la que se apropian políticos y funcionarios; clérigos, banqueros, terratenientes y todo el que serpea por esta tierra para ver qué más se le saca a la gente que trabaja, a la naturaleza que se acaba. 

Todas pueden considerarse mujeres y haber nacido aquí, eso no lo discuto.

Pero las hondureñas de mi historia, mis hondureñas son esas sufragistas que se levantaron contra el desprecio por las mujeres y sus pensamientos, las que escupían contra la dictadura caríista y se movilizaban, las que escribieron revistas emancipatorias en los años tempranos del siglo 20 y se reunían a escondidas de sus maridos, sus sacerdotes y alcaldes para compartir la siempre fructífera semilla de la rebelión. 

Y más aún, mis hondureñas nacieron en los lugares más lejanos de aquí. Una de ellas cecea, por razones de origen peninsular, indignada ante un padre bien macho y catracho que le rompe el labio a su hija a puño limpio porque dios se lo mandó y la joven está enamorada; o la que confundiendo desde siempre la conjugación de los verbos en esta lengua que no es la suya mantiene la rabia de Lempira entre sus manos; y otras que tienen la nostalgia de ríos, de rostros, de infancias distantes, pero ponen su inteligencia en los linderos de este pueblo.

Las hondureñas, a las cuales yo hago homenaje, en estos días de memoria son las que han entendido que a la utopía de la felicidad, para la cual estamos en este mundo, hay que hacerle espacio y darle alimento donde el cuerpo se levanta en la mañana, no importa de dónde digan ellos que somos. 

Es más, mis hondureñas son las que luchan, aunque nacieran en México, Colombia, Suiza, el propio Estados Unidos, más de una isla, España; las kurdas, las venezolanas, las africanas, las que en Asia rompen el patriarcado, las miles de mujeres insurrectas del mundo. Las que saben que la nación es un macho invento fracasado construido y repetido para fragmentar a la grandiosa humanidad de las mujeres vitales, bravas, luchadoras, creativas que andamos por el mundo. 


Melissa Cardoza

Escritora feminista hondureña


MÉXICO. Hoy: Marchan en Tila para exigir justicia por desaparición y ejecución, y por Ayotzinapa


Foto. ChiapasParalelo.com


Nueva Esperanza, Tila, Chiapas. 24 de enero de 2016.



A LOS PUEBLOS DE CHIAPAS, MÉXICO Y DEL MUNDO

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y SOCIALES

A LA PRENSA ESTATAL E INTERNACIONAL


Indígenas Choles de la comunidad Nueva Esperanza, Tila pertenecientes a LAKLUMAL IXIM-NORTE SELVA (NUESTRO PUEBLO DE MAÍZ) marchamos para exigir justicia al cumplirse 6 meses y 7 días de la desaparición, tortura y ejecución de Toni Reynaldo Gutiérrez López y para seguir solidarizándonos con los padres de los normalistas de Ayotzinapa.


Al cumplirse 6 meses y una semana de la cruel tortura y la ejecución de Toni Reynaldo Gutiérrez López a manos de policías municipales y gente armada perteneciente al PVEM y actuando bajo las órdenes del expresidente Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, nuevamente cerca de 500 mujeres y hombres indígenas choles estamos realizando a partir de las 9 de la mañana una marcha en la comunidad de Nueva Esperanza en Tila, Chiapas para seguir exigiendo justicia y desarticulación de los grupos paramilitares cercanos al PVEM principalmente y que actúan bajo protección de funcionarios del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Tila y de cuerpos policíacos y militares que operan en la región.

Seguimos denunciando que en el municipio de Tila impera un clima de terror y que los grupos paramilitares continúan actuando impunemente desde el Ayuntamiento de Tila, tal como lo han denunciado también los ejidatarios de la cabecera municipal de Tila. Por lo que alertamos que están dadas las condiciones para que ocurra una masacre de gran magnitud. Seguimos haciendo un llamado serio al gobernador Manuel Velasco Coello para que actúe y se desarticule y castigue a los grupos paramilitares y funcionarios que los respaldan y protegen, de no hacerlo será el principal responsable de lo que ocurra ante su grave omisión por garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal de miles de indígenas del municipio de Tila.

Continúan los actos de provocación del gobierno de Chiapas, del Ayuntamiento y de la Procuraduría Agraria, al negarse a dar reconocimiento a las autoridades del Comisariado Ejidal y Agente Municipal de Nueva Esperanza que han sido elegidos en asamblea, pretendiendo hacerlo a favor de grupos afines al PVEM, por lo que desde hace meses no existen autoridades formales en Nueva Esperanza y existe un clima de preocupante tensión.

A 2 días de cumplirse 16 meses de los atroces hechos de la masacre de Iguala en Guerrero, queremos manifestar que seguimos solidarizándonos con los normalistas y padres de Ayotzinapa y junto a ellos seguimos exigiendo justicia y la inmediata presentación con vida de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos forzadamente el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Queremos expresar nuestro total respaldo a todos los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Ayotzinapa), de manera especial a Claudia Paz y Paz y Ángela Buitrago, quienes han sido blanco de una cobarde campaña de desprestigio de la SEDENA, distintos medios y supuestas organizaciones que avalan a las fuerzas armadas, cuando en el fondo se aprecia que es una estrategia de propaganda y guerra no convencional desplegada desde las instancias de inteligencia del ejército y del gobierno federal.

Los acontecimientos de violencia en Tila y Oxchuc son una señal inequívoca del descontento social que se está gestando en decenas de comunidades y municipios de Chiapas ante los agravios y violaciones de Derechos Humanos que se cometen sistemáticamente en contra de los pueblos por parte del Gobierno de Chiapas y por el cierre de cauces democráticos en Chiapas ante una elección de Estado para imponer al PVEM. Este es el escenario de alto riesgo en que llegará el Papa Francisco a Chiapas y que el gobierno pretende usar en su provecho para invisibilizar la grave situación que se padece en Chiapas.

Al papa Francisco, le manifestamos que llega a Chiapas en un momento de graves violaciones de Derechos Humanos cometidos por el gobierno actual que encabeza Manuel Velasco Coello. Le pedimos que sea portavoz de los pobres para denunciar la situación de terror que se vive en México y que no guarde silencio. Queremos a un Papa que esté con los pobres y marginados de México y que camina y denuncia las atrocidades que se viven en México y Chiapas. En Chiapas se gesta un escenario de despojo de las tierras y territorios campesinos e indígenas para favorecer a empresas extranjeras mineras y de energía.

Manifestamos que a pesar de las provocaciones y amenazas que han lanzado sujetos identificados como integrantes de grupos paramilitares del PVEM en Nueva Esperanza, quienes han amenazado de muerte a Magali del Carmen Cruz Pérez (esposa de Toni Reynaldo) y a mujeres y ejidatarios pertenecientes a la organización Laklumal Ixim-Norte Selva, continuaremos nuestra lucha por justicia, por la defensa de nuestros Derechos Humanos y por el Territorio de manera pública y pacífica y con el apoyo de los compañeros del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa buscaremos llevar nuestra exigencia de justicia a organismos e instancias internacionales de Derechos Humanos.

Seguimos denunciando a la Procuraduría General de Justicia del Estado quien ha actuado de forma negligente con dolo y a 6 meses no ha corregido sus graves e intencionales “errores” y no ha fincado cargos por los delitos de desaparición forzada, tortura, detención arbitraria y los que resulten contra los policías detenidos, así como de no actuar contra los que dieron la orden y son responsables y líderes de los delitos cometidos por grupos armados que han asolado de violencia el municipio de Tila. Por lo que tememos de que los policías alcancen próximamente su libertad y se cometa una gran injusticia y los testigos y esposa de Toni Reynaldo Gutiérrez López quedan vulnerables y en grave riesgo.


¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos: Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!

¡Justicia y verdad para Toni Reynaldo Gutiérrez López!

¡Castigo a Limber Gregorio Gutiérrez López y a los grupos armados de corte paramilitar que operan en la región norte-selva!

¡Tarifa justa de energía eléctrica!


Familiares de Toni Reynaldo Gutiérrez López

Ejidatarios y pobladores de Nueva Esperanza, Tila

Laklumal Ixim-Norte Selva (Nuestro Pueblo de Maíz)

HAITÍ. Lo que está ocurriendo en Haití es una auténtica rebelión popular antiimperialista

por Carlos Aznárez




Resumen Latinoamericano, 23 de enero 2016.

Puerto Príncipe y otras ciudades de Haití son hoy el escenario de la más grande rebelión popular de las últimas décadas de la sufrida nación haitiana. Decenas de miles de manifestantes se han lanzado a la calle para demostrar su repulsa contra el actual gobierno presidido por Michell Martelly, que había decidido, contra el pensamiento de la gran mayoría, mantener la fecha del domingo 24 para realizar una "mascarada electoral", tal cual la califican los partidos opositores. Sin embargo, un griterío ensordecedor comenzó a subir desde los rincones más pobres de la ciudad e incluso invadió con inusitada violencia las calles residenciales de Petion-Ville: es es pueblo en toda la magnitud de su capacidad de resistencia, haciendo honor a sus orígenes independentistas y anti-esclavistas de 1804, que se ha puesto de pie para generar una ofensiva antiimperialista y escribir en las páginas de su propia historia un descomunal: “¡¡Basta!!”. 


-Basta de utilizar el territorio haitiano como un laboratorio invasivo por parte de Estados Unidos y sus aliados.

-Basta de tropas invasoras de la Minustah, que muy por el contrario de lo que enuncian sus promotores cuando hablan de “ayudar al pueblo haitiano y ejercer una misión humanitaria”, todo lo que ha dejado su accionar es represión, ocupación, violación de niños y niñas por parte de soldados entrenados para matar, transmisión del cólera, cuya epidemia causó decenas de miles de muertos.

-Basta de complicidad latinoamericana con las tropas invasoras de las Naciones Unidas.

-Basta de la burla e hipocresía internacional, derivada de las vergonzosas "misiones de ayuda", encabezadas por el genocida norteamericano Bill Clinton, que solo persiguen afianzar aún más los lazos de dependencia y dominación del pueblo haitiano.


Es por ello que durante las últimas semanas Haíti se fue convirtiendo en un escenario claramente pre- revolucionario, produciéndose estos últimos días una masiva rebelión popular. Frente a la tozudez criminal de Martelly y sus secuaces de querer que el acto electoral se realizara de todas maneras, y la tibia y epistolar respuesta de la partidocracia opositora (salvo honrosas excepciones), miles de jóvenes decidieron tomar el futuro en sus manos y en grandes oleadas comenzaron a recorrer las calles, primero pacíficamente, levantando consignas contra el Consejo Electoral y pidiendo la renuncia del Presidente. Frente a la brutal represión policial y de las tropas de la Minustah, quienes se movilizaron comenzaron a ejercer, en respuesta, la lógica y necesaria violencia popular. Esa que cuando surge, en las circunstancias límites (y esta, vaya si lo es) siempre provoca reacciones de repudio en los sectores oligárquicos y pequeño burgueses (incluso en algunos sectores de cierta izquierda boba) que no pueden comprender que la paciencia de los pueblos tiene límites muy claros. 

En el Haití de hoy, todo lo que haga el pueblo en su autodefensa, frente a políticos venales y uniformados invasores, está más que justificado.

Los ejemplos de estas últimas horas son contundentes: Estudiantes, trabajadores y luchadores de todas las generaciones atravesaron a la carrera el bulevard La Saline. Luego irrumpieron en el barrio Bel-Air y en la ruta Delmas, al grito de “Martelly se tiene que ir. Nosotros somos el gobierno”. En la plaza Saint-Pierre la policía y no pocos cascos azules de la Minustah atacaron a la multitud con gases, balas de goma y chorros de líquido irritante para la vista y la piel, pero los jóvenes no cedieron y comenzaron a levantar barricadas y a encender neumáticos en los cortes de calle. Las bombas molotov, las piedras y otros objetos similares, eran la respuesta a la violencia de los uniformados que convirtieron en pocos minutos el clima irrespirable por los gases en un verdadero pandemónium. Coches incendiados, locales del partido oficialista destruidos y el boca a boca advirtiendo que “nadie abandone las calles, somos el poder popular”.
Cuando un grueso de los manifestantes invadieron con sus cantos y protestas el bastión “martellista” de Petion-Ville, los comerciantes cerraron sus puertas y algunos energúmenos ligados al partido de Martelly golpearon a un joven, que fue defendido rápidamente por otros, mientras la ira popular se desató en toda su magnitud contra vehículos y algunos establecimientos oficiales.

Fue en ese preciso momento, que una noticia recorrió cada una de las manifestaciones como un reguero de pólvora: “el gobierno ha decidido no realizar los comicios el 24 por razones de seguridad”. El estallido de alegría atronó en todo el territorio, y se redoblaron las consignas que exigen que Martelly abandone el cargo. “Mientras él no renuncie, nadie se irá a su casa”, gritó subido al techo de un vehículo uno de los luchadores haitianos. Y miles de brazos se levantaron haciendo la V de la victoria.

Así está el panorama por estas horas, a pesar del ninguneo y la tergiversación mediática, en una nación a la que América Latina y el Caribe le deben tanto. Entre otras cosas: los vientos libertarios de 1804 que iluminaron las luchas independentistas posteriores. Ahora, lo que hace falta, es que en cada uno de los países donde los malos gobiernos impulsaron invadir Haití con tropas latinoamericanas, se haga todo lo posible para que esa vergüenza concluya de una buena vez. Y que a cambio, las organizaciones populares del continente eleven su solidaridad concreta con quienes en las calles están peleando con todos los medios a su alcance por la definitiva independencia.


VER VIDEOS SOBRE LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS 
Y LA LUCHA DEL PUEBLO HAITIANO

un resumen en función de las secuencias del vídeo titulado: La movilización posterga la segunda vuelta.

1.- En forma de broma cantan: el presidente no puede mentir, vamos a votar el 24;
2.- Luego hacen una ronda y repiten: No vamos a votar;
3.- No creyeron en lo de hoy, en lo que está pasando ahora en las calles, no creyeron que fuera posible; ahora lo están viendo, estamos acá y no tenemos miedo;
4.- Garantizamos al pueblo que no va a haber elección el 24;
5.- Dónde está Martelly…..
6.- No aceptamos a Martelly. Le decimos que tiene que retroceder con su proyecto de realizar elección el 24, si no quiere correr la misma suerte que Guillaume Sam -el presidente haitiano que fue quemado en las calles-;
7.- Pues, quizá Martelly, no tendrá la suerte de escapar utilizando los servicios de la Embajada norteamericana;
8.- Hace 5 años desde que venimos reclamando cambios a Martelly solamente goleando las manos, hoy decimos que nos hace falta una revolución social,
9.- Hoy, ante tal demostración de fuerza popular en las calles, tuvieron que retroceder,pero ahora queremos un retroceso total como respuesta a la voz de la mayoría;
10.- Abajo Martelly;
11.- No puede haber elección el 24;
12.- Represión con tiros y gases;
13.- Ahora la lucha plantea otra consigna: no sólo queremos la anulación de las elecciones sino la partida de Martelly y de Evans Paul;
14.- Por primera vez en nuestra historia un presidente va a tener que abandonar el poder una semana antes de la finalización de su mandato;
15.- Esto es una prueba de los abusos, de la represión de la Policía, sobre todo de los del CIMO -una unidad especializada de la Policía Nacional Haitiana-.



jueves, 14 de enero de 2016

ARGENTINA. El despido, herramienta de persecución


Por Laura Vales/ Resumen Latinoamericano / 10 de Enero 2016.
 
YA SON ALREDEDOR DE 15 MIL LOS EMPLEADOS CESANTEADOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS PUBLICAS

Las cesantías van de la mano de la campaña de estigmatización que el gobierno de Macri puso en marcha con la advertencia de que van a “limpiar” el Estado de simpatizantes de La Cámpora. La regla común es despedir sin importar qué tarea cumple cada trabajador.

Ante los despidos, los trabajadores, rápidos de reflejos, se movilizaron y lograron abrir canales de negociación.


“Váyanse de vacaciones tranquilos”, le dijeron a C y a dos compañeros en el Senado el 30 de diciembre. El lunes, leyendo un tuit de la vicepresidenta Gabriela Michetti, se enteró de que habían perdido sus trabajos. En la Afsca, Cambiemos pasó el rastrillo de los despidos no según las funciones que cumplían los empleados ni el presupuesto disponible, sino con la lista de los afiliados a Nuevo Encuentro: militantes afuera. En Jefatura de Gabinete les dijeron a 150 personas que ya no las requerían, sin mandarles ninguna notificación. Como se presentaron igual a trabajar, pusieron un guardia de seguridad en la puerta con una lista de los que no podían entrar. En Diputados los despidos masivos se frenaron con la toma del Salón de los Pasos Perdidos, pero por debajo sigue corriendo una campaña de estigmatización con la advertencia de que van a “limpiar” el Estado de los simpatizantes de La Cámpora.

Los despidos en la administración pública –entre diez mil y quince mil, en un número que va variando día a día– tomaron un nítido tinte de persecución política, aunque tome como blanco al ordenanza o la secretaria. En una serie de lugares han sido masivos (2035 en el Senado, 1200 en la Municipalidad de Lanús, donde asumió el ex jefe de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, 4000 en la de La Plata), y en el resto el método es el rastrillo. Pero como regla común, no toman en cuenta qué trabajo estaba haciendo cada uno de los afectados. 
 
Reflejos

Ya desde el lunes, cuando se conocieron las primeras censantías, los despedidos mostraron reflejos más rápidos que los gremios. En la Jefatura de Gabinete, por ejemplo, apenas les informaron que quedarían fuera, los cesanteados se pusieron de acuerdo en no dejar de ir a trabajar. Cuando comenzaron a impedirles el ingreso en la puerta, organizaron una permanencia en el hall, llamaron a un escribano y documentaron lo sucedido. Luego amenazaron con armar una concentración: apelaron a los recursos tradicionalmente usados ante despidos, y consiguieron que el mismo día en que advirtieron que harían una protesta en la calle, se abriera una negociación, en la que los representaron los sindicatos.

“Estamos con ellos, queremos que nos defiendan, pero lo que nos decían no nos terminaba de convencer. Por ejemplo, el martes nos plantearon que había que esperar, que tenían una reunión con las autoridades para el viernes. ¡Nosotros no podíamos esperar tanto..! Y pasó algo piola, que fue que la mayoría de los trabajadores empezamos a pedir que circulara la información y todo el mundo accionó. Creo que eso nos sirvió a todos, también a los gremios, para poder presionar”, cuenta Lorena Moreno, una de las cesanteadas de Jefatura de Gabinete.

El manual de Cambiemos para echar estatales muestra tres pasos: el primero es el despido, en muchos casos masivo; el segundo, si hay resistencia, es armar alguna instancia de “revisión” con la promesa de enmendar eventuales errores. En los lugares de trabajo donde el nivel de conflicto se vuelve inmanejable, ofrecen a los despedidos renovarles los contratos por tres meses, plazo en el que evaluarán quiénes mantienen su empleo. En La Plata, como se sabe, el intendente macrista Garro directamente reprimió las protestas con la Policía Bonaerense.

El sostén de este esquema es el decreto que el presidente Mauricio Macri firmó el 24 de diciembre y el Boletín Oficial publicó el 29/12. En él instruyó a los ministros, secretarios y autoridades de todo el Estado a “revisar” los concursos y selección de personal de los últimos tres años. Macri pidió expresamente la anulación de contrataciones y designaciones, tras recordar a su equipo que la ley de regulación de empleo público (la 25.164) “establece que toda designación efectuada en violación a la normativa vigente podrá ser declarada nula”.

El mandatario justificó la “revisión del empleo público” con el argumento de que se debe controlar la “idoneidad” del personal a fin de tener un Estado eficiente. 
 
Relación de fuerzas

La ejecución de los funcionarios de Cambiemos, sin embargo, obvió los controles de idoneidad e incluso los de si la gente iba a o no a trabajar. No hubo evaluaciones de capacidad, ni de asistencia.

Dos casos lo ilustran: Michetti, en el Senado, anuló todas las designaciones firmadas por su antecesor Amado Boudou en 2015 y dejó sin trabajo a 2035 personas. A al día siguiente, la vicepresidenta se enteró de que en ese paquete había dejado en la calle a más de 50 discapacitados, que habían sido tomados en cumplimiento de la ley que obliga al Estado a emplear a un 4 por ciento de discapacitados, y tuvo que rever su medida. Es decir, que ni siquiera sabía a quién estaba despidiendo: sólo tuvo en cuenta el número, el achique del gasto. En Quilmes, el intendente Martiniano Molina siguió un esquema idéntico y echó a mil personas, nombradas durante el último año de gestión de su antecesor Francisco Gutiérrez.

“Yo no recuerdo una transición tan traumática” para los empleados públicos, apunta Norberto Di Próspero, secretario de la Asociación de Personal Legislativo (APL). “Hace 32 años que trabajo en el Congreso, entré en el 84, con la recuperación de la democracia, y la única vez que hubo algo tan duro fue en el 89/90, cuando Eduardo Duhalde fue presidente del Senado y echó a mil personas. En todas las otras transiciones, la planta política se va con los legisladores salientes y la permanente queda, porque su trabajo es servir el café, limpiar el piso, hacer de taquígrafo, hacer tareas técnicas o contables. En cambio, acá ya antes de asumir Michetti dijo que había dos mil ñoquis y después echó a ese número. Al ñoqui lo sacás con un control; Cambiemos lo que quiere es otra cosa, imponer una política, la del Estado chico… lo que ya conocemos de otra década.”

Tras retrotraer los despidos de los discapacitados, en el Senado se abrió una negociación con los gremios por el resto de los cesanteados. Lo mismo sucedió en otros ámbitos. El modo en que se van resolviendo los despidos está ligado a la relación de fuerzas y no a la legitimidad o injusticia de la medida.

La Inspección General de Justicia (IGJ) es otro ejemplo de cómo la capacidad de los empleados de dar una pulseada o no define el escenario. “El mismo día que entró, el nuevo responsable dio de baja a 150 personas que tenían contratos de planta transitoria”, contó a Página/12 uno de los afectados del organismo. Los trabajadores pararon la atención en la mesa de entradas del organismo, con lo que bloquearon toda actividad de la IGJ. “Esa misma tarde nos dieron la prórroga de tres meses y la apertura de negociaciones.” La extensión de los contratos por tres meses está dentro de lo previsto en el decreto de Macri, pero al parecer sólo se implementa si es forzada por medidas gremiales.

En la Afsca, la intervención tampoco hizo control de eficiencia o ausentismo para los despidos. En el organismo que presidía Martín Sabbatella había un centenar de trabajadores afiliados a su partido, Nuevo Encuentro. Los militantes aportaban a NE por planilla, un mecanismo que permite que el empleador, con la autorización del empleado, transfiera directamente a la organización una cuota al partido. El sistema es el mismo que el de la afiliación a un sindicato. “La intervención tomó la lista de los aportantes por planilla y despidió a todos”, resumió Fernando Torrillate, ex funcionario de la Afsca. Una parte eran cargos políticos, que iban a irse junto con Sabbatella, pero otra parte son empleados que cumplían funciones técnicas: secretarias, fotógrafos, encargados de relevar contenidos de los medios.
 
Precarizados

La pelea contra los despidos se está dando mucho más en el terreno de la lucha gremial y no en los tribunales. La razón de que haya protestas –concentraciones, tomas de edificios, denuncias por las redes– pero pocas presentaciones judiciales obedece a los niveles de precarización preexistentes dentro del empleo público. “En el Estado hay 95 mil trabajadores precarios, y de ellos no menos de 25 mil son contratos basura: con universidades u organismos internacionales, cuentapropistas, contratos de locación de obra y servicio… son situaciones de endeblez legal. Por eso, iniciar acciones legales en muchos de estos casos es llevar al compañero a un callejón sin salida”, considera Hugo Godoy, titular de ATE.

“¿Qué derechos jurídicos puede tener una persona si trabajaba para el Estado pero contratado por una universidad?”, agregó el dirigente, que criticó las irregularidades de estos modos de contratación de la gestión kirchnerista. Para Godoy, la precarización dentro del Estado “fue injustificable: si uno mira el presupuesto del año pasado, hubo fondos para 45 mil cargos que no fueron efectivizados. Es decir que no hubiera alcanzado para dar cobertura a los 90 mil precarizados, pero a la mitad sí”.

Un balance al cierre de la semana, según los datos dados por ATE, daba los siguientes números:

2000 despedidos en el Senado

730 en el Centro Cultural Kirchner

200 en Agricultura

110 en la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización

40 en Planificación Federal

50 en Trabajo

135 en la Afsca

16 en Cultura

12 en Desarrollo Social

En los municipios del conurbano: más de 7000 entre las intendencias de Quilmes (900), Lanús (1200), La Plata (4500), Brandsen, Escobar, Lobos, Roque Pérez, Chivilcoy, Madariaga, Moreno, Pila, Suipacha y San Pedro.

Las provincias sumaban sus despidos: 832 en municipios de Catamarca (FpV), 1000 en Tierra del Fuego, gobernada por el FpV, y 1600 en Mendoza, donde gobierna una coalición encabezada por el radicalismo.
 

HONDURAS. Rechazamos la presencia de militares y narcos en el territorio Garífuna


ofraneh / 13 de enero 2016


Sambo Creek, 13 de enero de 2015.- El ataque por parte de elementos de la Fuerza Naval de Honduras a un grupo de Garífunas, el pasado 27 de diciembre en la barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de dos jóvenes, que se encontraban auxiliando a un vehículo atascado en la arena, en el cual transportaban familias desde Tocamacho hacia Tocoa.

Como es de conocimiento público, la inexistencia de vías de comunicación en el municipio de Iriona, obliga a sus habitantes a utilizar la playa como la única vía para movilizarse entre los departamentos de Colón y Gracias a Dios.

El fatídico asalto con armas automáticas perpetrado por los militares forma parte de la estrategia de militarización que sufren las comunidades Garífunas cercanas a la Moskitia. Las comunidades Garífunas reaccionaron demandando una inmediata desmilitarización, ante los crímenes cometidos por los uniformados y los constates abusos a los derechos humanos que se han venido dando en los últimos meses.

Desafortunadamente el clamor de desmilitarización por parte de las comunidades ha sido tergiversado por algunos funcionarios y militares los que han insinuado de forma mailintencionada un contubernio de nuestro pueblo con el crimen organizado.

Durante las últimas dos décadas Honduras se convirtió en un trampolín para el trafico de estupefacientes desde los países productores en Sudamérica hacia el mercado estadounidense. A partir del golpe de Estado del año 2009, Honduras se convirtió en un narco estado, donde existe una fina cutícula entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad.

Es partir de mayo del 2012, cuando Estados Unidos finalmente interviene, y ocurre la masacre de Ahuas, en la que helicópteros de la DEA masacran a siete Miskitos inocentes, percance que hasta la fecha, tanto las autoridades de los Estados Unidos como de Honduras han eludido investigar de forma fehaciente y apegarse a derecho. Casualmente días antes de la masacre el periódico New York Times publico un artículo intitulado “ Lecciones de Irak ayudan a los Estados Unidos en su guerra contra las drogas en Honduras”.

El cambio de enfoque de los Estados Unidos de una cierta permisibilidad al desmatelamiento de las bandas de crimen organizado, conllevó a la represión directa de los pueblos indígenas que habitamos la costa caribe de mesoamérica. Sin embargo, la represión aplicada a los pueblos no hizo mella alguna al contubernio existente entre crimen organizado y funcionarios estatales.

La putrefacción del aparato judicial causada por la politización, especialmente después del golpe a la Corte Constitucional (12-12-12) promovido por el actual presidente de Honduras, consolidó los espacios adquiridos por el crimen organizado.

La criminalización del pueblo Garifuna emprendida por los militares y funcionarios estatales, no es más que una cortina de humo para ocultar la alianza existente entre alcaldes, jueces y narcos. Las Fuerzas de Seguridad poseen suficiente información sobre quienes son y como actúa el crimen organizado en el país. Las comunidades Garífunas se han mantenido al margen del lucrativo y espeluznante negocio. Si bien hay algunos Garífunas involucrados, la gran mayoría de nuestro pueblo se mantiene fuera de la esfera de influencia del narcotráfico, y podemos señalar de forma contundente que ejercito y policía conocen bien quienes son los involucrados, pero se abstienen de desmantelar las estructuras criminales.

Como hemos repetido de forma frecuente, las comunidades Garífunas son islas de paz en un mar de sangre. La desmilitarización que exigimos no implica en ningún momento contubernio con el narcotráfico, el cual ha afectado a nuestro pueblo a través de la apropiación ilegal de tierras y el control de las municipalidades y juzgados.

La guerra santa contra las drogas emprendidas por los Estados Unidos hace mas de cuatro décadas ha fracasado de forma contundente, sirviendo más a los intereses de banqueros y empresarios que se han involucrado en lo que se puede llamar el negocio más lucrativo en el planeta.

Afganistan y Colombia son ejemplos de ese costoso fiasco, y a pesar de encontrarse militarizados y en guerra, las drogas continúan siendo producidas y exportados a los países industrializados. De no cambiar Estados Unidos el enfoque, son las comunidades más pobres las que pagaran el precio de la desacertada política esgrimida desde la época de Richard Nixon.

Uno de las problemáticas más graves que afecta a Honduras además del narcotráfico es la putrefacción y colapso de la policía y la conversión del ejercito en fuerza policial, labor que no corresponde con su verdadera misión y da lugar a violaciones a los derechos humanos
.,
Mientras tanto, las comunidades Garífunas reportan un incremento de la presencia militar en Iriona y un acoso permanente al pueblo Garinagu, que lo podemos relacionar más con una estrategia para impulsar un desplazamiento de la población en aras del experimento neoliberal de las Ciudades Modelo que del control del narcotráfico.

Exigimos además de la desmilitarización, una intervención judicial efectiva para desmantelar las estructuras políticas y económicas de los narcos, así mismo que cese el hostigamiento a los líderes Garifunas, entre ellos al Dr. Luther Castillo, y los testigos de la matanza acontecida en la Barra de Irona, los que vienen siendo hostigados por las fuerzas militares.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH