martes, 16 de febrero de 2016

REPORTES::: DESALOJO EN FINCA CHÁNGUINA-PALMAR SUR

MANIFESTACIÓN EN SOLIDARIDAD CON LAS Y LOS CAMPESINOS DE FINCA CHÁNGUINA Y CUADRANTE DE FINCA 3

MARTES 16 FEBRERO 2016     3:00 pm               Lugar: Casa Presidencial
Convocan: Comité de Solidaridad con el Sur y Coordinadora de Lucha sur-sur 
---------------------------------------------------------------El Comité de Lucha por las Tierras del Sur y la Coordinadora de Lucha Sur Sur y el  informan:
Que hoy martes 16 de febrero l@s campesin@s de Finca Changuena han tomado un carril del puente sobre el Río Térraba a la altura de Palmar.
La digna acción de protesta se realiza desde horas de la madrugada demandando se detenga el desalojo ordenado desde el año anterior y que el gobierno Solís Rivera de una solución definitiva al asunto entregando estas tierras a las familias que las trabajan y habitan.

L@s campesin@s denuncian que pasadas las 8 de la mañana se presentó el oficial Martín Moreno y l@s amenazó con traer los antimotines sino se retiraban del puente; a pesar de que la protestas es pacífica y en un sólo carril de la carretera. Hasta el momento esa es a respuesta del gobierno.

L@s campesin@s de Finca Changuena invitan a l@s vecinos de la zona sur a acompañarl@s en su lucha y esperan la solidaridad de todo el pueblo acompañadol@s y denunciando esta situación.



lunes, 15 de febrero de 2016

COSTA RICA: ALERTA: Nueva amenaza de desalojo para familias campesinas de finca chánguena de Palmar Sur, Osa

Foto: Archivo



REPORTE DE LOS HECHOS::: LUNES 15 FEBRERO 2015


Las y los campesinos de Finca Chánguena y del cuadrante de finca 3 de Palmar Sur denuncian que se ejecutará un desalojo policial de estas fincas en las próximas horas. Asimismo, señalan que ya hay presencia policial en el centro de Palmar Norte, a pesar de no haber recibido una notificación formal del desalojo.

Estas familias campesinas fueron desalojadas a finales del mes de julio del 2015 y se mantuvieron durante varias semanas resistiendo contra el despojo de sus tierras sobre el puente del río Grande de Térraba en Palmar Norte.

Tras varias semanas de protestas y de largas mesas de negociación -que no satisfacían las demandas de las y los campesinos-, los representantes del movimiento no aceptaron la propuesta de ubicar a algunas familias en un terreno más pequeño que es propiedad del estado para que vivan ahí, sin otorgarles tierra para trabajar, que es su principal demanda.

Es por ello que las familias campesinas deciden volver a sus tierras recuperadas para seguir viviendo y sembrar dignamente.

El Tribunal Contencioso Administrativo dio por válido un acuerdo extrajudicial entre la Procuraduría General de la República (abogado del Estado) y el empresario Oscar Echeverría Heigold, permitiendo una orden de desalojo para el 25 de diciembre del 2015

No obstante, el desalojo del 25 de diciembre fue temporalmente suspendido debido a un recurso de amparo interpuesto por Monserrat Solano, Defensora de los Habitantes. Sin embargo, la orden de desalojo se mantiene vigente y está previsto desde el año pasado.


UNA HISTORIA DE DESPOJO…

Luego de una fuerte huelga de las y los trabajadores bananeros en 1985, así como una baja en la producción del banano, la United Fruit Company abandona las fincas bananeras de Palmar Sur.

El caso de las tierras de la finca conocida como Chánguena son entregadas a la cooperativa COOPALCA del Sur, que en 1991 se las arrendó por 20 años a las empresas Bananera Changuina S.A y Bananera Térraba, cuyo dueño es el empresario Oscar Echeverría Heigold. .

Desde el 2001 estas empresas bananeras dejaron de pagarles y cumplir con las garantías laborales a las y los trabajadores. Por lo que las familias campesinas que trabajaban como obreras de estas empresas, desde entonces ocupan estas tierras para trabajarlas y alimentarse.

El Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de Corredores reconoció en abril del 2015 que el contrato de arrendamiento de estas tierras al empresario Oscar Echeverría venció en el 2011.

Echeverría ha intentado por múltiples vías hacerse pasar como propietario legal de estas tierras, solicitando desalojos policiales y administrativos contra los y las campesinas. Este empresario no posee ningún derecho sobre estas tierras, ya que el contrato de alquiler está vencido, lo cual le anula toda facultad de exigir derechos sobre la misma.

¡¡Llamamos a la solidaridad y acción ante la alerta de desalojo!!

Continuaremos difundiendo y ampliando la información en próximos reportes

miércoles, 10 de febrero de 2016

PROGRAMA 11 DE FEBRERO 2016



*Transmisión en vivo de 8am a 10am por la 101.9 fm -Radio U (con retransmisión 10pm a 12md)



*Transmisión en vivo por internet: http://radios.ucr.ac.cr/radio-u/programas.html

*Retransmisión en la Red Radio La Rojita -Honduras- Todos los Jueves 1:00 p.m: http://redradio1.caster.fm/

*Retransmisión en la Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala -Honduras-Todos los Jueves: http://www.guarajambala1.caster.fm/

-Contactos:
https://www.facebook.com/Radio-8-de-octubre-Costa-Rica-541570499323417/
radio8deoctubre@gmail.com

domingo, 7 de febrero de 2016

ALERTA: Finqueros amenazan a indígenas y andan armados dentro del territorio de Salitre

Mariana Delgado Morales, indígena bribri, habitante de Río Azul de Salitre alertó de la presencia de finqueros usurpadores de tierra y otras personas desconocidas en el territorio indígena de Salitre, ubicado en el cantón de Buenos Aires, en la región Sur-sur de Costa Rica.

Mariana denunció que estos mismos hombres son los que participaron en un ataque ocurrido el 4 de enero de 2013. Aquella noche, un grupo de sikuas (no indígenas) usurpadores y sus peones atacaron a tres familias bribris. En este agresión resultaron heridos los compañeros indígena Mainor Ortiz Delgado con una bala en una pierna, un machetazo en la cabeza y una marca en el pecho que le realizaron con un hierro caliente; José Luis Ortiz Delgado con golpes varios y machetazos y Marco Obando Delgado con machetazos en sus extremidades superiores y una semi-amputación de tres dedos, además de otros miembros de las familias apedreados y apaleados.

Es importante mencionar que todas las agresiones que han sufrido las familias indígenas en Salitre se mantienen impunes.

(Estas grabaciones fueron realizadas con un teléfono celular y son de mala calidad.)



La complicidad del Estado costarricense en las agresiones a la población indígena se manifiesta en la inacción y la negligencia con la que asume un tema en el que corre peligro la vida de la población indígena, pero también se han dado casos en los que los policías han sido parte de las agresiones, en lugar de evitarlas.

Mariana envía un mensaje pidiendo la solidaridad para la lucha del pueblo indígena bribri por su territorio.






(La foto es de una de las casas quemadas en Cebror de Salitre en otro ataque de finqueros)

viernes, 5 de febrero de 2016

HONDURAS. Pueblo Garífuna enfrenta a corporaciones y al Estado de Honduras en defensa de sus tierras.

El Estado hondureño se rehúsa a reconocer su condición de pueblo indígena y le niega el derecho a la tierra. Corporaciones y terratenientes avanzan con el monocultivo de palma africana, amenazando la soberanía alimentaria
 
 
 
Foto: Giorgio Truchi
 
Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi/ 03-feb-2016

En octubre pasado, la Alianza Estadounidense por la Soberanía Alimentaria (USFSA por su sigla en inglés) decidió distinguir a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) con la sección internacional del Premio Soberanía Alimentaria 2015. Dicho premio se otorga cada año a activistas de base que trabajan por un sistema alimentario más democrático, y que promueven y defienden el derecho a la soberanía alimentaria.


Creada en 1978 para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las 46 comunidades garífunas situadas en la costa caribeña de Honduras, la Ofraneh lleva casi cuatro décadas organizando a su pueblo y defendiendo su territorio ancestral de la expansión de los monocultivos a gran escala, de la amenaza de los megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, del narcotráfico y de los embates del cambio climático.

Proyectos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) promovidas por el gobierno hondureño, mejor conocidas como “ciudades modelo”, que incluirían al menos a 20 comunidades garífunas en cinco de las diez zonas señaladas para la subasta al capital transnacional, se suman ahora a las amenazas que se ciernen sobre el pueblo garífuna.

“Los garífunas, que ya han sobrevivido a la esclavitud y al colonialismo, están ahora defendiendo y fortaleciendo la tenencia de la tierra, la agricultura y la pesca sostenible a pequeña escala. La Ofraneh reúne y organiza a las comunidades para enfrentar estos desafíos”, se lee en las motivaciones del premio.

Principalmente lo hace impulsando demandas legales -tanto nacionales como internacionales-, promoviendo la cultura garífuna y apoyando “la construcción de un movimiento donde se prioriza el desarrollo del liderazgo de los jóvenes y las mujeres”.

Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, explica que el propio Estado de Honduras se ha convertido en una de las principales amenazas para el pueblo garífuna. “Sigue negándose a reconocer nuestra condición de pueblo indígena y pretende relegarnos a una condición de minoría étnica no autóctona, sin derechos jurídicos internacionalmente reconocidos”, afirmó Miranda a Opera Mundi.

Esta actitud de negación trae consigo el desconocimiento del derecho ancestral que el pueblo garífuna tiene sobre sus territorios, pretendiendo así eludir la aplicación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales.

“De esa manera se niega el legítimo derecho que tenemos los garífunas a la Consulta Previa, Libre e Informada, consignada en el Convenio 169 y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, señaló la dirigente garífuna.

“Sin la aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la élite de poder y el capital transnacional”, agregó Alfredo López, vice coordinador de la Ofraneh.

López sufrió en carne propia la represión. Fue detenido en 1997 con falsas acusaciones y estuvo bajo prisión preventiva durante más de 6 años por su lucha contra el proyecto turístico Marbella, que había despojado a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz de una parte de sus tierras.

Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado de Honduras y facilitó su liberación.

“El Estado de Honduras fue condenado porque el líder garífuna no fue tratado con el debido respeto a su dignidad humana, al violentarse sus derechos como detenido. Durante su privación de libertad, López vivió en condiciones carcelarias infrahumanas y se le prohibió hablar en su idioma materno, el garífuna”, señala el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en un informe de 2006.

Negación de identidad

En su planteamiento, el Estado de Honduras argumenta que los garífunas llegaron a territorio hondureño solamente en 1797 - provenientes de la isla de San Vicente - y que ocuparon ilegalmente los territorios de los pueblos Tolupán y Miskito. En más de una ocasión, funcionarios del Estado han reforzado el concepto de que los garífunas son extranjeros y, por ende, no gozan de derechos territoriales.

“En repetidas ocasiones, el Estado ha actuado con una fuerte carga de racismo institucional, no solamente negando nuestra originariedad y condición de pueblo indígena, sino validando el acaparamiento ilícito y la invasión de nuestras tierras y territorios, así como el desplazamiento y expulsión de las comunidades garífunas”, dijo Miranda.

“Al negar nuestros derechos colectivos, el Estado muestra su desprecio hacia nuestro pueblo y el derecho internacional”, agregó.

Según la coordinadora de la Ofraneh, la ofensiva estatal contra los derechos ancestrales del pueblo garífuna desencadenó también un proceso de criminalización de cualquier intento de defensa del territorio, tanto de parte de empresarios nacionales y compañías transnacionales como de autoridades del Estado hondureño.

Ante la inoperancia de los órganos nacionales encargados de procurar y administrar la justicia y la impunidad generalizada que existe en Honduras, las comunidades garífunas, con el acompañamiento de la Ofraneh, decidieron presentar una serie de peticiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La visión de territorio comunitario es parte integral de nuestra cosmovisión, cimentada en la familia extensa y la matrifocalidad, la cual perdura hasta la fecha. Perder nuestro territorio es como perder nuestra madre, nuestra vida”, señaló Miranda.

Tras varios años de investigación, la CIDH optó por remitir dos casos a la Corte IDH que involucran a las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, como víctimas de violación al derecho del usufructo a la propiedad colectiva y transgresión a la Consulta Previa, Libre e Informada.

La CIDH y la Corte IDH son instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y están adscritas a la Organización de Estados Americanos (OEA). En el caso de la Corte IDH, sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros de este organismo hemisférico.

Según los jueces de la Comisión, los comunitarios aún no poseen un título de propiedad idóneo y culturalmente adecuado sobre su territorio. También alegan que solamente existe el reconocimiento de una parte del territorio ancestral y que el Estado sigue negando un título único basado en la ocupación histórica.

Sin embargo, no se trata únicamente de que el Estado legalice las tierras a favor de las comunidades garífunas, sino que garantice sus derechos sobre las tierras que fueron tituladas.

“A nada sirve que el Estado entregue títulos de propiedad colectiva a los pueblos indígenas, si luego no garantiza que los derechos que emanan de esos mismo títulos sean respetados. En Honduras hemos llegado al absurdo que el mismo Estado es el principal responsable del irrespeto a los derechos ancestrales de los pueblos indígenas”, reiteró Miranda.

Delegaciones de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, cuyos casos fueron ventilados ante la Corte IDH, asistieron en 2014 a audiencias públicas efectuadas por dicha instancia internacional en Costa Rica y Paraguay, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido sufriendo durante décadas, así como las repetidas violaciones a los derechos humanos a las que han estado expuestas.

En agosto de 2015, jueces de la Corte IDH efectuaron una visita in situ a las dos comunidades.

El 18 de diciembre 2015, la Corte notificó a las partes las sentencias por el caso de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, donde se hace responsable al Estado hondureño por la violación del derecho a la propiedad colectiva.

La Corte IDH ordenó al Estado el cumplimiento de una serie de medidas de reparación, como una forma de revertir el daño que, por más de una década, tanto el Estado como terratenientes, autoridades municipales y empresarios extranjeros, causaron a las comunidades garífunas

Dos casos emblemáticos

El caso de la comunidad Triunfo de la Cruz, presentado ante la CIDH en 2003 y elevado a la Corte IDH en 2013, es la acumulación de casi treinta casos de apropiación ilícita de territorio comunitario “a manos de las élites de poder del país, que han construido sus mansiones en contubernio con las autoridades de la municipalidad de Tela”, explica la Ofraneh en sus publicaciones.

El caso de la comunidad Punta Piedra, que también llegó a la Corte en 2013, se remonta a una invasión promovida por un militar en el año 1992, sin que más de dos décadas después exista interés algunos por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.

“A raíz de esta política de desconocimiento de derechos, las comunidades garífunas han venido sufriendo un saqueo histórico, tanto de los hábitats funcionales de las comunidades, incluyendo a las costas, como de terrenos dentro de las comunidades”, explica Miriam Miranda.
       
Pese a que a partir de la década de los años 90 se diera inicio a un proceso de titulación parcial, la aprobación de forma simultánea de la Ley de Municipalidades permitió la inclusión de muchas comunidades garífunas dentro de los cascos urbanos de los municipios. Esta argucia legislativa vino a “legalizar” el despojo de los territorios ancestrales.

Este proceso registró una fuerte aceleración a partir de 2009, cuando Honduras sufrió un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya.

“El saqueo sistemático de nuestro territorio está íntimamente ligado a la corrupción imperante en el país, la que se recrudeció de forma exponencial a partir del golpe de 2009, ante la demolición del estado de derecho y el asalto perpetrado a las instituciones”, subraya la Ofraneh.

"Hay una violación reiterada al derecho al territorio, que implica una serie de otras violaciones como, por ejemplo, del derecho a la alimentación, educación, salud, en fin, del derecho a la vida. Nos han perseguido, reprimido, dividido, desplazado, encarcelado y hasta asesinado", denunció Teresa Reyes, dirigente garífuna de la Ofraneh durante una visita realizada por la organización a Nicaragua.

La palma africana

En las últimas décadas, Honduras ha vivido un acelerado proceso de expansión del cultivo de palma africana, que ha dejado profundos impactos socio-ambientales en la población negra, indígena y campesina, que ha sido gravemente afectada en su legítimo derecho a la tierra, a la alimentación, a una vida digna.

Honduras cuenta hoy con unas 165 mil hectáreas sembradas con palma africana y el objetivo del actual gobierno del presidente Juan Orlando Hernández es duplicar esta cantidad. Lo mismo quiere hacer con la producción de caña de azúcar. Según datos de la Ofraneh, más del 70% de los territorios garífunas ya están rodeados por las grandes plantaciones de palma africana.

Mientras en todo el norte de Honduras se va expandiendo la producción agroexportadora, el país sigue sufriendo un déficit anual de producción de granos básicos, cerca de 300 mil familias (1,5 millones de personas) continúan sin tener acceso a la tierra, la mitad de la población rural vive con menos de un dólar diario y 5,5 millones de personas están en situación de pobreza (67% de la población), 3,8 millones de las cuales en pobreza extrema (datos de la CEPAL, UNICEF y Observatorio del Mercado Laboral de la Secretaría del Trabajo).

“Este modelo de producción atenta contra la soberanía alimentaria del país, sobre todo ahora que el modelo basado en los monocultivos está afectando gravemente la capacidad de la población de satisfacer sus exigencias alimentarias”, recordó Miranda.

Nueva Armenia


La comunidad garífuna Nueva Armenia ha sufrido en carne propia los efectos de la expansión de la palma africana. En la década de los años 20 del siglo pasado, la población garífuna fue desplazada del territorio de Armenia, a pocos kilómetros de la ciudad de La Ceiba, por la transnacional Standard Fruit Company, y fue relocalizada en la margen izquierda del río Papaloteca.

Cuando, al inicio del nuevo siglo, se le venció la concesión otorgada por el Estado hondureño, la compañía frutera norteamericana retornó las tierras a la municipalidad de Jutiapa, desoyendo los incesantes reclamos del pueblo garífuna sobre sus tierras ancestrales.

“Paulatinamente y de forma amañada, la municipalidad fue repartiendo las tierras a pequeños grupos de supuestos campesinos, que comenzaron a talar árboles para sembrar palma africana. El proceso de despojo fue intensificándose con el pasar de los meses, profundizando aún más el acaparamiento de tierras y la siembra de palma africana”, explicó Félix Valentín, directivo de la Ofraneh, a Opera Mundi.

Arrinconado y cercado, el pueblo garífuna inició un intenso proceso de recuperación de sus tierras ancestrales, exponiéndose a la reacción violenta y represiva de los productores palmeros, protegidos por las autoridades locales y nacionales.

“El 8 de agosto del año pasado, un fuerte contingente de policías entró al campamento situado en el territorio recuperado de Nueva Armenia y detuvo a 40 personas. Los uniformados montaron a los compañeros garífunas en varias patrullas y los llevaron a Jutiapa, reteniéndolos de forma injustificada por más de 8 horas”, dijo Valentín.

Según la Ofraneh, varias personas vinculadas a los productores palmeros aprovecharon de la situación para quemar 11 casas con todos sus enseres. Mientras tanto, unos 80 miembros de la comunidad fueron demandados por “usurpación de tierra”. Sobre varios de ellos pende orden de captura, mientras a otros otorgaron medidas sustitutivas a la privación de la libertad, prohibiéndoles acercarse a la zona del conflicto.

“Nos acusan de estar usurpando tierras que son del pueblo garífuna, pero son ellos los usurpadores. No queremos palma africana, sino continuar a cultivar nuestra propia comida en el territorio que nos pertenece”, aseguró Carolina Castillo, habitante de Nueva Armenia y miembro de la Ofraneh.

Pocos meses después, miembros de Nueva Armenia fueron atacados a balazos por desconocidos, con un saldo de varias personas heridas. En mayo de este año, la dirigente Jésica García sufrió un intento de secuestro y ya no se cuentan los casos de amenazas e intimidaciones que sufre la comunidad.

En la madrugada del 27 de diciembre 2015, efectivos de la Fuerza Naval de Honduras atacaron a un grupo de garífunas que se encontraba en la barra de Iriona, tratando de remover un carro atascado. “Como resultado del ataque fallecieron Joel Palacios Lino (24 años) y Elvis Armando García (19 años)”, señala la Ofraneh en un comunicado.

El asesinato desató fuertes protestas en todo el territorio garífuna, exigiendo una profunda investigación de los hechos y castigo para los responsables de la masacre.

La proliferación de proyectos agroindustriales, turísticos, hidroeléctricos y mineros, sumado a la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, ya provocó la desaparición de algunas comunidades y está atentando contra la sobrevivencia del mismo pueblo garífuna.

La Ofraneh confía que las sentencias de la Corte Interamericana del pasado diciembre tendrán una connotación paradigmática, en cuanto sentarán jurisprudencia en relación a los pueblos indígenas y sus derechos ancestrales.

“De esa manera, no sólo se beneficiará el pueblo garífuna, sino todos los pueblos indígenas del mundo. Los Estados ya no podrán ignorar a los pueblos al momento de aprobar proyectos que afectan a sus territorios”, concluyó Miranda.

Reportaje publicado originalmente en Opera Mundi (portugués)

Versión español en LINyM
 
 
 
 

lunes, 25 de enero de 2016

HONDURAS.Mis hondureñas, que no Miss Honduras


En estricto sentido, hondureñas son aquellas mujeres que nacieron en el territorio llamado hoy, Honduras, o las que a través de un papel firmado por el estado se les dice que lo son, por opción, deseo o permanencia. Así que ellas están incluidas en este 25 de enero que se dice día de la mujer hondureña y cuando nos regalarán otra corte sin justicia, pero suprema para repartir privilegios y salarios entre los pandilleros del “hernandismo” y sus secuaces. 

Personalmente, no me asumo compañera de destino histórico y geográfico con esa hondureña que es responsable directa de la muerte de cientos de personas del seguro social movida por interés de engordar sus cuentas y anda por ahí haciéndose la chanchita; con la que negocia carros y patrullas con el estado patriarcal y se encarga de profundizar la explotación de las trabajadoras de este país; no soy compatriota de las que se apropian de ríos, tierras, montañas, Cortes, con sus legalizadas mañas en el congreso del cual, por supuesto, es parte.

No puedo serlo, no quiero. 

Tampoco de las que persiguen universitarias, las que dirigen odio contra las lesbianas ni con las que hablan en nombre de un dios macho y violento. Las que adoran a los hombres y todas las estupideces que dicen, las barbaridades que hacen; pero odian a las mujeres y las lapidan con la palabra por cada error, cada metida de pata, cada tropiezo que protagonicen. 

Aunque a todas ellas y a mí nos dieron lecciones de Moral y cívica hondureña en la escuela y nos enseñaron a recitar el himno entero y su explicación, nos contaron de las más banales razones para respetar héroes masculinos: que Cabañas era un viejito honrado, que Morazán era soldado y le faltaba una oreja, que Valle redactó el acta de independencia, aunque no muy convencido; y por supuesto aprendimos todas que en Honduras las mujeres nunca hicieron nada por este territorio. 

No son mis hermanas de historia, aun compartiendo la misma narración de versos patrios, en esta noción de patria de la que se apropian políticos y funcionarios; clérigos, banqueros, terratenientes y todo el que serpea por esta tierra para ver qué más se le saca a la gente que trabaja, a la naturaleza que se acaba. 

Todas pueden considerarse mujeres y haber nacido aquí, eso no lo discuto.

Pero las hondureñas de mi historia, mis hondureñas son esas sufragistas que se levantaron contra el desprecio por las mujeres y sus pensamientos, las que escupían contra la dictadura caríista y se movilizaban, las que escribieron revistas emancipatorias en los años tempranos del siglo 20 y se reunían a escondidas de sus maridos, sus sacerdotes y alcaldes para compartir la siempre fructífera semilla de la rebelión. 

Y más aún, mis hondureñas nacieron en los lugares más lejanos de aquí. Una de ellas cecea, por razones de origen peninsular, indignada ante un padre bien macho y catracho que le rompe el labio a su hija a puño limpio porque dios se lo mandó y la joven está enamorada; o la que confundiendo desde siempre la conjugación de los verbos en esta lengua que no es la suya mantiene la rabia de Lempira entre sus manos; y otras que tienen la nostalgia de ríos, de rostros, de infancias distantes, pero ponen su inteligencia en los linderos de este pueblo.

Las hondureñas, a las cuales yo hago homenaje, en estos días de memoria son las que han entendido que a la utopía de la felicidad, para la cual estamos en este mundo, hay que hacerle espacio y darle alimento donde el cuerpo se levanta en la mañana, no importa de dónde digan ellos que somos. 

Es más, mis hondureñas son las que luchan, aunque nacieran en México, Colombia, Suiza, el propio Estados Unidos, más de una isla, España; las kurdas, las venezolanas, las africanas, las que en Asia rompen el patriarcado, las miles de mujeres insurrectas del mundo. Las que saben que la nación es un macho invento fracasado construido y repetido para fragmentar a la grandiosa humanidad de las mujeres vitales, bravas, luchadoras, creativas que andamos por el mundo. 


Melissa Cardoza

Escritora feminista hondureña


MÉXICO. Hoy: Marchan en Tila para exigir justicia por desaparición y ejecución, y por Ayotzinapa


Foto. ChiapasParalelo.com


Nueva Esperanza, Tila, Chiapas. 24 de enero de 2016.



A LOS PUEBLOS DE CHIAPAS, MÉXICO Y DEL MUNDO

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y SOCIALES

A LA PRENSA ESTATAL E INTERNACIONAL


Indígenas Choles de la comunidad Nueva Esperanza, Tila pertenecientes a LAKLUMAL IXIM-NORTE SELVA (NUESTRO PUEBLO DE MAÍZ) marchamos para exigir justicia al cumplirse 6 meses y 7 días de la desaparición, tortura y ejecución de Toni Reynaldo Gutiérrez López y para seguir solidarizándonos con los padres de los normalistas de Ayotzinapa.


Al cumplirse 6 meses y una semana de la cruel tortura y la ejecución de Toni Reynaldo Gutiérrez López a manos de policías municipales y gente armada perteneciente al PVEM y actuando bajo las órdenes del expresidente Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, nuevamente cerca de 500 mujeres y hombres indígenas choles estamos realizando a partir de las 9 de la mañana una marcha en la comunidad de Nueva Esperanza en Tila, Chiapas para seguir exigiendo justicia y desarticulación de los grupos paramilitares cercanos al PVEM principalmente y que actúan bajo protección de funcionarios del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Tila y de cuerpos policíacos y militares que operan en la región.

Seguimos denunciando que en el municipio de Tila impera un clima de terror y que los grupos paramilitares continúan actuando impunemente desde el Ayuntamiento de Tila, tal como lo han denunciado también los ejidatarios de la cabecera municipal de Tila. Por lo que alertamos que están dadas las condiciones para que ocurra una masacre de gran magnitud. Seguimos haciendo un llamado serio al gobernador Manuel Velasco Coello para que actúe y se desarticule y castigue a los grupos paramilitares y funcionarios que los respaldan y protegen, de no hacerlo será el principal responsable de lo que ocurra ante su grave omisión por garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal de miles de indígenas del municipio de Tila.

Continúan los actos de provocación del gobierno de Chiapas, del Ayuntamiento y de la Procuraduría Agraria, al negarse a dar reconocimiento a las autoridades del Comisariado Ejidal y Agente Municipal de Nueva Esperanza que han sido elegidos en asamblea, pretendiendo hacerlo a favor de grupos afines al PVEM, por lo que desde hace meses no existen autoridades formales en Nueva Esperanza y existe un clima de preocupante tensión.

A 2 días de cumplirse 16 meses de los atroces hechos de la masacre de Iguala en Guerrero, queremos manifestar que seguimos solidarizándonos con los normalistas y padres de Ayotzinapa y junto a ellos seguimos exigiendo justicia y la inmediata presentación con vida de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos forzadamente el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Queremos expresar nuestro total respaldo a todos los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Ayotzinapa), de manera especial a Claudia Paz y Paz y Ángela Buitrago, quienes han sido blanco de una cobarde campaña de desprestigio de la SEDENA, distintos medios y supuestas organizaciones que avalan a las fuerzas armadas, cuando en el fondo se aprecia que es una estrategia de propaganda y guerra no convencional desplegada desde las instancias de inteligencia del ejército y del gobierno federal.

Los acontecimientos de violencia en Tila y Oxchuc son una señal inequívoca del descontento social que se está gestando en decenas de comunidades y municipios de Chiapas ante los agravios y violaciones de Derechos Humanos que se cometen sistemáticamente en contra de los pueblos por parte del Gobierno de Chiapas y por el cierre de cauces democráticos en Chiapas ante una elección de Estado para imponer al PVEM. Este es el escenario de alto riesgo en que llegará el Papa Francisco a Chiapas y que el gobierno pretende usar en su provecho para invisibilizar la grave situación que se padece en Chiapas.

Al papa Francisco, le manifestamos que llega a Chiapas en un momento de graves violaciones de Derechos Humanos cometidos por el gobierno actual que encabeza Manuel Velasco Coello. Le pedimos que sea portavoz de los pobres para denunciar la situación de terror que se vive en México y que no guarde silencio. Queremos a un Papa que esté con los pobres y marginados de México y que camina y denuncia las atrocidades que se viven en México y Chiapas. En Chiapas se gesta un escenario de despojo de las tierras y territorios campesinos e indígenas para favorecer a empresas extranjeras mineras y de energía.

Manifestamos que a pesar de las provocaciones y amenazas que han lanzado sujetos identificados como integrantes de grupos paramilitares del PVEM en Nueva Esperanza, quienes han amenazado de muerte a Magali del Carmen Cruz Pérez (esposa de Toni Reynaldo) y a mujeres y ejidatarios pertenecientes a la organización Laklumal Ixim-Norte Selva, continuaremos nuestra lucha por justicia, por la defensa de nuestros Derechos Humanos y por el Territorio de manera pública y pacífica y con el apoyo de los compañeros del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa buscaremos llevar nuestra exigencia de justicia a organismos e instancias internacionales de Derechos Humanos.

Seguimos denunciando a la Procuraduría General de Justicia del Estado quien ha actuado de forma negligente con dolo y a 6 meses no ha corregido sus graves e intencionales “errores” y no ha fincado cargos por los delitos de desaparición forzada, tortura, detención arbitraria y los que resulten contra los policías detenidos, así como de no actuar contra los que dieron la orden y son responsables y líderes de los delitos cometidos por grupos armados que han asolado de violencia el municipio de Tila. Por lo que tememos de que los policías alcancen próximamente su libertad y se cometa una gran injusticia y los testigos y esposa de Toni Reynaldo Gutiérrez López quedan vulnerables y en grave riesgo.


¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos: Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!

¡Justicia y verdad para Toni Reynaldo Gutiérrez López!

¡Castigo a Limber Gregorio Gutiérrez López y a los grupos armados de corte paramilitar que operan en la región norte-selva!

¡Tarifa justa de energía eléctrica!


Familiares de Toni Reynaldo Gutiérrez López

Ejidatarios y pobladores de Nueva Esperanza, Tila

Laklumal Ixim-Norte Selva (Nuestro Pueblo de Maíz)