OFRANEH, 13 de octubre.- La ciudad más violenta del mundo, San
Pedro Sula, sirvió el pasado cinco de octubre, como escenario de la
reunión convocada por la Organización de las Naciones Unidas contra las
Drogas y el Crimen (UNODC), a la cual asistieron delegados de 44
países.
La vigesimoquinta reunión de jefes de los organismos nacionales
encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas, aparentemente tuvo
como objetivo lavarle la imagen a Honduras y a la actual administración
gubernamental, ante la reputación alcanzada por el país como uno de los
más violentos del planeta además de paraíso para las actividades
delictivas relacionadas con el narcotráfico.
A más de un siglo de la emisión del Acta Harrison y pasados los 50
años de haber decretado el expresidente de Estados Unidos Richard Nixon
la fracasada guerra contra las drogas, Naciones Unidas y buena parte de
mayoría de los gobiernos del planeta persisten en enfocar la
problemática de las drogas con una visión policiaca más que buscar
respuestas a un problema de salud social.
El representante de la UNODC, el Sr. Amado Phillipe de Andrés, en una
inusitada campaña publicitaria a favor del régimen de Juan Hernandez,
adujo que “este es un momento para invertir. Esta es una nueva
formulación de Estado de Derecho”. Las declaraciones contrastan con la
realidad que se vive en Honduras, donde a pesar del maquillaje a los
indicadores de violencia, es innegable que el desangre continua en el
país, asociado con una destrucción premeditada del estado de derecho.
Honduras se convirtió después del golpe de estado del año 2009, en el
país receptor de los embarques de droga desde Colombia hacia los
estados Unidos. En la costa norte de Honduras se ratificó el mandato del
crimen organizado, los que no solamente se limitaron a utilizar el
territorio sino que se apoderaron de enormes franjas de tierras,
legalizándolas a favor de sus empresas o testaferros.
La hecatombe creada por el flujo de capitales rebalsó al crimen
organizado el que se asoció con “legítimos” empresarios y banqueros,
hasta el punto que la ex embajadora Lisa Kubiske en un discurso emitido
en septiembre de 2013 señaló que “Sabemos, todos nosotros sabemos que
los criminales están lavando dinero en Honduras”. Aparentemente la cifra
de lavado de activos relacionado con el narcotráfico superó los tres
mil millones de dólares.
Lose señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a
través de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), emitidos el
pasado 6 de octubre tras el arresto de Yankel Rosenthal, el que fungió
como Ministro de Inversión del actual gobierno, resaltó el desastre por
el cual atraviesa Honduras. Corrupción, narcotráfico y lavado de
activos, son tres amenazas para el pueblo hondureño, que se han
consolidado en los últimos años, a pesar de la campaña publicitaria del
gobierno de Juan Hernandez y el apoyó que le han brindado tanto por la
OEA como la ONU.
A pesar que el Sr. Amado Phillipe de Andrés declaró que “a Honduras
la conozco un poquito” no vaciló en recomendar el país a los posibles
inversionistas, sin tomar en cuenta el debilitamiento del estado de
derecho y la ausencia de independencia de poderes, como resultado del
golpe al poder Judicial (12-12-12) en la crisis surgida alrededor de las
“ciudades modelo”, receta de los libertarios de ultraderecha
estadounidense para finiquitar el estado-nación y crear supuestos
emporios de ciudades-nación circundados por un mar de pobreza.
La guerra contra las drogas, se ha convertido en un pingue negocio,
además de una estrategia para justificar múltiples violaciones a los
derechos humanos, así como una justificación para el desplazamiento de
poblaciones enteras con el pretexto de liquidar un negocio que cada día
es más prospero.
La actitud asumida por el representante de la ONU, parece ser que se
asemeja a la de los funcionarios de la OEA, los que vienen
salvaguardando la dictadura civil en Honduras. Los intereses políticos
para preservar el status quo por parte de los organismos internacionales
son obvios, sin tener en cuenta que la premeditada destrucción del
estado de derecho conllevará a desplazamientos poblacionales masivos y a
explosiones sociales sin precedentes.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
