COSTA RICA. Campesinos de Finca Changuena detenidos ayer, continúan presos

Comunicado de Prensa

Miércoles 17-2-16

· Campesinos de Changuena detenidos ayer, continúan presos.

· Sala Constitucional suspende desalojo en Chánguena

· Concentración Popular en solidaridad con Changuena, mañana jueves a las 8 en Palmar Norte

Los 6 campesinos detenidos ayer en el acto de represión del gobierno contra l@s campesin@s de Changuena continúan presos todavía; esto al ser la 1:25 de la tarde a más de 24 horas de su detención.

Los compañeros fueron trasladados de la cárcel de Uvita a los Tribunales de Ciudad Cortés donde se realiza la indagatoria.

En resolución de ayer martes 16 de febrero la Sala Constitucional ordena a las autoridades recurridas “no ejecutar el desalojo (...) hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa”.

La Sala Constitucional le solicita al Ministro y el jefe del departamento de desalojos, ambos del Ministerio de Seguridad Pública, rendir un informe dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución (adjuntamos resolución)

Invitamos al pueblo, organizaciones y fuerzas vivas de la zona sur y del país a la gran Concentración Popular en solidaridad con l@s campesin@s de Changuena, por la liberación de los compañeros presos, contra la represión y por la entrega en definitiva de Finca Changuena a las familias que las trabajan y habitan.

Los esperamos mañana jueves 18 a partir de las 8 de la mañana en el parque de Palmar Norte.

! Sin tierra no hay pan y sin pan no hay paz!

Comité de lucha por la tierra de Changuena

Comité de Lucha por las tierras del sur Coordinadora de Lucha Sur Sur

REPORTES:: COSTA RICA. AGRESIONES EN TERRITORIO INDÍGENA DE SALITRE

REPORTES DE LOS HECHOS:::

RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA, 15 de febrero 2016.

Continúa la violación al territorio indígena Salitre y los derechos del pueblo Bribri.  La Red de Mujeres Rurales comunica y denuncia una vez más sobre la continuación de hechos de usurpación ejecutados por los finqueros y sus allegados y la complacencia del Estado y Gobierno de Costa Rica.

Durante los últimos años, el pueblo indígena Bribri, del territorio de Salitre, en el sur de Costa Rica, ha sufrido diversas agresiones por parte de los finqueros no indígenas.

La usurpación del territorio indígena de Salitre, al igual que la usurpación de otros territorios indígenas en Costa Rica por parte de finqueros no indígenas se ha dado y se sigue dando con la indiferencia en algunos casos, pero sobre todo con el consentimiento y la complicidad del estado y los gobiernos, del que no se excluye el actual gobierno.

La Red de Mujeres Rurales y otras organizaciones preocupadas por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas ha denunciado a lo largo de los últimos años los abusos y agresiones perpetradas por los finqueros al amparo de las autoridades locales y nacionales, sin embargo bajo la excusa de que la situación es muy complicada no se avanza en su solución, ni siquiera en los casos donde hay claras resoluciones judiciales.

El día de hoy 15 de febrero fueron quemadas cinco fincas recuperadas por familias indígenas, aprovechando la estación seca, los usurpadores han prendido fuego a las fincas de Wilberth Ortiz Delgado, Julián Calderón, José Luis Ortiz Delgado, Minor Ortiz Delgado y Silvia Rojas, en el Sector Río Azul del Territorio indígena Salitre.

En estas fincas han quemado cultivos de frijol y frijolillo, que son base la alimentación indígena, también han quemado pastizales por lo que las familias se han visto obligadas a sacar los pocos animales con que cuentan, y ahora tienen dificultades para ubicarlos, también han quemado árboles en las áreas de recuperación.

Hace unos días el finquero Yenkin Garro envió a un peón con la amenaza a la población indígena de que salieran de las fincas, porque los finqueros no indígenas volverían a tomar las tierras.

Es claro que los finqueros no indígenas se sienten envalentonados ante la inacción y la complacencia del gobierno central, que no solo facilita la violación de los derechos del pueblo indígena, sino que también sus instancias han violado y siguen violando los derechos humanos de esta población.

Durante el inicio de lecciones el maestro de idioma bribri Lewis Figueroa fue agredido por no indígenas para impedirle que llegara a la escuela a dar lecciones.

Esto mismo sucedió el año pasado, y a pesar de que la escuela se encuentra en territorio indígena, los no indígenas imponen que no se impartan las lecciones en el idioma de la población originaria del territorio de Salitre y el Ministerio de Educación no resuelve esta situación.

Una vez más responsabilizamos al Estado y a las autoridades de Gobierno por la inacción, por la complacencia con los finqueros racistas, por el irrespeto a los derechos indígenas a su vida, a su alimento, a su cultura y a su territorio y por los hechos que podrían darse si se mantiene la impunidad de las diversas agresiones.

RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA, 15 de febrero 2016.

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Nueva agresión contra Pueblo Bribri de Salitre.

Coordinadora de Lucha Sur Sur

1. Hoy lunes 15 de febrero oficiales de la Fuerza Pública golperon de manera arbitraria y brutalmente a 3 padres de familia que se mantenían en protesta por la violación de los derechos de sus hij@s por parte de la Directora de la escuela de Yere.
2. Los padres agredidos por los oficiales son Geovany Najara Díaz, Edicson Nájera Díaz y Raul Calderón Ortiz.
3. Los padres de familia protestan ya que acusan a la Directora del centro educativo de Yere de violentar y agredir a l@s niñ@s.
4. El Pueblo Bribri de Salitre exige que se respeten sus derechos y denuncian este nuevo hecho de violencia, esta vez cometido por agentes de la fuerza pública.
Lunes 15 de febrero de 2016.
Coordinadora de Lucha Sur Sur

REPORTES::: DESALOJO EN FINCA CHÁNGUINA-PALMAR SUR

MANIFESTACIÓN EN SOLIDARIDAD CON LAS Y LOS CAMPESINOS DE FINCA CHÁNGUINA Y CUADRANTE DE FINCA 3

MARTES 16 FEBRERO 2016     3:00 pm               Lugar: Casa Presidencial

Convocan: Comité de Solidaridad con el Sur y Coordinadora de Lucha sur-sur 

---------------------------------------------------------------El Comité de Lucha por las Tierras del Sur y la Coordinadora de Lucha Sur Sur y el  informan:

Que hoy martes 16 de febrero l@s campesin@s de Finca Changuena han tomado un carril del puente sobre el Río Térraba a la altura de Palmar.

La digna acción de protesta se realiza desde horas de la madrugada demandando se detenga el desalojo ordenado desde el año anterior y que el gobierno Solís Rivera de una solución definitiva al asunto entregando estas tierras a las familias que las trabajan y habitan.

L@s campesin@s denuncian que pasadas las 8 de la mañana se presentó el oficial Martín Moreno y l@s amenazó con traer los antimotines sino se retiraban del puente; a pesar de que la protestas es pacífica y en un sólo carril de la carretera. Hasta el momento esa es a respuesta del gobierno.

L@s campesin@s de Finca Changuena invitan a l@s vecinos de la zona sur a acompañarl@s en su lucha y esperan la solidaridad de todo el pueblo acompañadol@s y denunciando esta situación.

COSTA RICA: ALERTA: Nueva amenaza de desalojo para familias campesinas de finca chánguena de Palmar Sur, Osa

Foto: Archivo

REPORTE DE LOS HECHOS::: LUNES 15 FEBRERO 2015

Las y los campesinos de Finca Chánguena y del cuadrante de finca 3 de Palmar Sur denuncian que se ejecutará un desalojo policial de estas fincas en las próximas horas. Asimismo, señalan que ya hay presencia policial en el centro de Palmar Norte, a pesar de no haber recibido una notificación formal del desalojo.

Estas familias campesinas fueron desalojadas a finales del mes de julio del 2015 y se mantuvieron durante varias semanas resistiendo contra el despojo de sus tierras sobre el puente del río Grande de Térraba en Palmar Norte.

Tras varias semanas de protestas y de largas mesas de negociación -que no satisfacían las demandas de las y los campesinos-, los representantes del movimiento no aceptaron la propuesta de ubicar a algunas familias en un terreno más pequeño que es propiedad del estado para que vivan ahí, sin otorgarles tierra para trabajar, que es su principal demanda.

Es por ello que las familias campesinas deciden volver a sus tierras recuperadas para seguir viviendo y sembrar dignamente.

El Tribunal Contencioso Administrativo dio por válido un acuerdo extrajudicial entre la Procuraduría General de la República (abogado del Estado) y el empresario Oscar Echeverría Heigold, permitiendo una orden de desalojo para el 25 de diciembre del 2015

No obstante, el desalojo del 25 de diciembre fue temporalmente suspendido debido a un recurso de amparo interpuesto por Monserrat Solano, Defensora de los Habitantes. Sin embargo, la orden de desalojo se mantiene vigente y está previsto desde el año pasado.

UNA HISTORIA DE DESPOJO…

Luego de una fuerte huelga de las y los trabajadores bananeros en 1985, así como una baja en la producción del banano, la United Fruit Company abandona las fincas bananeras de Palmar Sur.

El caso de las tierras de la finca conocida como Chánguena son entregadas a la cooperativa COOPALCA del Sur, que en 1991 se las arrendó por 20 años a las empresas Bananera Changuina S.A y Bananera Térraba, cuyo dueño es el empresario Oscar Echeverría Heigold. .

Desde el 2001 estas empresas bananeras dejaron de pagarles y cumplir con las garantías laborales a las y los trabajadores. Por lo que las familias campesinas que trabajaban como obreras de estas empresas, desde entonces ocupan estas tierras para trabajarlas y alimentarse.

El Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de Corredores reconoció en abril del 2015 que el contrato de arrendamiento de estas tierras al empresario Oscar Echeverría venció en el 2011.

Echeverría ha intentado por múltiples vías hacerse pasar como propietario legal de estas tierras, solicitando desalojos policiales y administrativos contra los y las campesinas. Este empresario no posee ningún derecho sobre estas tierras, ya que el contrato de alquiler está vencido, lo cual le anula toda facultad de exigir derechos sobre la misma.

¡¡Llamamos a la solidaridad y acción ante la alerta de desalojo!!

Continuaremos difundiendo y ampliando la información en próximos reportes

PROGRAMA 11 DE FEBRERO 2016

*Transmisión en vivo de 8am a 10am por la 101.9 fm -Radio U (con retransmisión 10pm a 12md)

*Transmisión en vivo por internet: http://radios.ucr.ac.cr/radio-u/programas.html

*Retransmisión en la Red Radio La Rojita -Honduras- Todos los Jueves 1:00 p.m: http://redradio1.caster.fm/

*Retransmisión en la Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala -Honduras-Todos los Jueves: http://www.guarajambala1.caster.fm/

-Contactos:
https://www.facebook.com/Radio-8-de-octubre-Costa-Rica-541570499323417/
radio8deoctubre@gmail.com

ALERTA: Finqueros amenazan a indígenas y andan armados dentro del territorio de Salitre

Mariana Delgado Morales, indígena bribri, habitante de Río Azul de Salitre alertó de la presencia de finqueros usurpadores de tierra y otras personas desconocidas en el territorio indígena de Salitre, ubicado en el cantón de Buenos Aires, en la región Sur-sur de Costa Rica.

Mariana denunció que estos mismos hombres son los que participaron en un ataque ocurrido el 4 de enero de 2013. Aquella noche, un grupo de sikuas (no indígenas) usurpadores y sus peones atacaron a tres familias bribris. En este agresión resultaron heridos los compañeros indígena Mainor Ortiz Delgado con una bala en una pierna, un machetazo en la cabeza y una marca en el pecho que le realizaron con un hierro caliente; José Luis Ortiz Delgado con golpes varios y machetazos y Marco Obando Delgado con machetazos en sus extremidades superiores y una semi-amputación de tres dedos, además de otros miembros de las familias apedreados y apaleados.

Es importante mencionar que todas las agresiones que han sufrido las familias indígenas en Salitre se mantienen impunes.

(Estas grabaciones fueron realizadas con un teléfono celular y son de mala calidad.)



La complicidad del Estado costarricense en las agresiones a la población indígena se manifiesta en la inacción y la negligencia con la que asume un tema en el que corre peligro la vida de la población indígena, pero también se han dado casos en los que los policías han sido parte de las agresiones, en lugar de evitarlas.

Mariana envía un mensaje pidiendo la solidaridad para la lucha del pueblo indígena bribri por su territorio.






(La foto es de una de las casas quemadas en Cebror de Salitre en otro ataque de finqueros)

HONDURAS. Pueblo Garífuna enfrenta a corporaciones y al Estado de Honduras en defensa de sus tierras.

El Estado hondureño se rehúsa a reconocer su condición de pueblo indígena y le niega el derecho a la tierra. Corporaciones y terratenientes avanzan con el monocultivo de palma africana, amenazando la soberanía alimentaria

 

 

 

Foto: Giorgio Truchi

 

Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi/ 03-feb-2016

En octubre pasado, la Alianza Estadounidense por la Soberanía Alimentaria (USFSA por su sigla en inglés) decidió distinguir a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) con la sección internacional del Premio Soberanía Alimentaria 2015. Dicho premio se otorga cada año a activistas de base que trabajan por un sistema alimentario más democrático, y que promueven y defienden el derecho a la soberanía alimentaria.

Creada en 1978 para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las 46 comunidades garífunas situadas en la costa caribeña de Honduras, la Ofraneh lleva casi cuatro décadas organizando a su pueblo y defendiendo su territorio ancestral de la expansión de los monocultivos a gran escala, de la amenaza de los megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, del narcotráfico y de los embates del cambio climático.

Proyectos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) promovidas por el gobierno hondureño, mejor conocidas como “ciudades modelo”, que incluirían al menos a 20 comunidades garífunas en cinco de las diez zonas señaladas para la subasta al capital transnacional, se suman ahora a las amenazas que se ciernen sobre el pueblo garífuna.

“Los garífunas, que ya han sobrevivido a la esclavitud y al colonialismo, están ahora defendiendo y fortaleciendo la tenencia de la tierra, la agricultura y la pesca sostenible a pequeña escala. La Ofraneh reúne y organiza a las comunidades para enfrentar estos desafíos”, se lee en las motivaciones del premio.

Principalmente lo hace impulsando demandas legales -tanto nacionales como internacionales-, promoviendo la cultura garífuna y apoyando “la construcción de un movimiento donde se prioriza el desarrollo del liderazgo de los jóvenes y las mujeres”.

Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, explica que el propio Estado de Honduras se ha convertido en una de las principales amenazas para el pueblo garífuna. “Sigue negándose a reconocer nuestra condición de pueblo indígena y pretende relegarnos a una condición de minoría étnica no autóctona, sin derechos jurídicos internacionalmente reconocidos”, afirmó Miranda a Opera Mundi.

Esta actitud de negación trae consigo el desconocimiento del derecho ancestral que el pueblo garífuna tiene sobre sus territorios, pretendiendo así eludir la aplicación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales.

“De esa manera se niega el legítimo derecho que tenemos los garífunas a la Consulta Previa, Libre e Informada, consignada en el Convenio 169 y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, señaló la dirigente garífuna.

“Sin la aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la élite de poder y el capital transnacional”, agregó Alfredo López, vice coordinador de la Ofraneh.

López sufrió en carne propia la represión. Fue detenido en 1997 con falsas acusaciones y estuvo bajo prisión preventiva durante más de 6 años por su lucha contra el proyecto turístico Marbella, que había despojado a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz de una parte de sus tierras.

Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado de Honduras y facilitó su liberación.

“El Estado de Honduras fue condenado porque el líder garífuna no fue tratado con el debido respeto a su dignidad humana, al violentarse sus derechos como detenido. Durante su privación de libertad, López vivió en condiciones carcelarias infrahumanas y se le prohibió hablar en su idioma materno, el garífuna”, señala el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en un informe de 2006.

Negación de identidad

En su planteamiento, el Estado de Honduras argumenta que los garífunas llegaron a territorio hondureño solamente en 1797 - provenientes de la isla de San Vicente - y que ocuparon ilegalmente los territorios de los pueblos Tolupán y Miskito. En más de una ocasión, funcionarios del Estado han reforzado el concepto de que los garífunas son extranjeros y, por ende, no gozan de derechos territoriales.

“En repetidas ocasiones, el Estado ha actuado con una fuerte carga de racismo institucional, no solamente negando nuestra originariedad y condición de pueblo indígena, sino validando el acaparamiento ilícito y la invasión de nuestras tierras y territorios, así como el desplazamiento y expulsión de las comunidades garífunas”, dijo Miranda.

“Al negar nuestros derechos colectivos, el Estado muestra su desprecio hacia nuestro pueblo y el derecho internacional”, agregó.

Según la coordinadora de la Ofraneh, la ofensiva estatal contra los derechos ancestrales del pueblo garífuna desencadenó también un proceso de criminalización de cualquier intento de defensa del territorio, tanto de parte de empresarios nacionales y compañías transnacionales como de autoridades del Estado hondureño.

Ante la inoperancia de los órganos nacionales encargados de procurar y administrar la justicia y la impunidad generalizada que existe en Honduras, las comunidades garífunas, con el acompañamiento de la Ofraneh, decidieron presentar una serie de peticiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La visión de territorio comunitario es parte integral de nuestra cosmovisión, cimentada en la familia extensa y la matrifocalidad, la cual perdura hasta la fecha. Perder nuestro territorio es como perder nuestra madre, nuestra vida”, señaló Miranda.

Tras varios años de investigación, la CIDH optó por remitir dos casos a la Corte IDH que involucran a las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, como víctimas de violación al derecho del usufructo a la propiedad colectiva y transgresión a la Consulta Previa, Libre e Informada.

La CIDH y la Corte IDH son instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y están adscritas a la Organización de Estados Americanos (OEA). En el caso de la Corte IDH, sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros de este organismo hemisférico.

Según los jueces de la Comisión, los comunitarios aún no poseen un título de propiedad idóneo y culturalmente adecuado sobre su territorio. También alegan que solamente existe el reconocimiento de una parte del territorio ancestral y que el Estado sigue negando un título único basado en la ocupación histórica.

Sin embargo, no se trata únicamente de que el Estado legalice las tierras a favor de las comunidades garífunas, sino que garantice sus derechos sobre las tierras que fueron tituladas.

“A nada sirve que el Estado entregue títulos de propiedad colectiva a los pueblos indígenas, si luego no garantiza que los derechos que emanan de esos mismo títulos sean respetados. En Honduras hemos llegado al absurdo que el mismo Estado es el principal responsable del irrespeto a los derechos ancestrales de los pueblos indígenas”, reiteró Miranda.

Delegaciones de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, cuyos casos fueron ventilados ante la Corte IDH, asistieron en 2014 a audiencias públicas efectuadas por dicha instancia internacional en Costa Rica y Paraguay, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido sufriendo durante décadas, así como las repetidas violaciones a los derechos humanos a las que han estado expuestas.

En agosto de 2015, jueces de la Corte IDH efectuaron una visita in situ a las dos comunidades.

El 18 de diciembre 2015, la Corte notificó a las partes las sentencias por el caso de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, donde se hace responsable al Estado hondureño por la violación del derecho a la propiedad colectiva.

La Corte IDH ordenó al Estado el cumplimiento de una serie de medidas de reparación, como una forma de revertir el daño que, por más de una década, tanto el Estado como terratenientes, autoridades municipales y empresarios extranjeros, causaron a las comunidades garífunas

Dos casos emblemáticos

El caso de la comunidad Triunfo de la Cruz, presentado ante la CIDH en 2003 y elevado a la Corte IDH en 2013, es la acumulación de casi treinta casos de apropiación ilícita de territorio comunitario “a manos de las élites de poder del país, que han construido sus mansiones en contubernio con las autoridades de la municipalidad de Tela”, explica la Ofraneh en sus publicaciones.

El caso de la comunidad Punta Piedra, que también llegó a la Corte en 2013, se remonta a una invasión promovida por un militar en el año 1992, sin que más de dos décadas después exista interés algunos por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.

“A raíz de esta política de desconocimiento de derechos, las comunidades garífunas han venido sufriendo un saqueo histórico, tanto de los hábitats funcionales de las comunidades, incluyendo a las costas, como de terrenos dentro de las comunidades”, explica Miriam Miranda.
       
Pese a que a partir de la década de los años 90 se diera inicio a un proceso de titulación parcial, la aprobación de forma simultánea de la Ley de Municipalidades permitió la inclusión de muchas comunidades garífunas dentro de los cascos urbanos de los municipios. Esta argucia legislativa vino a “legalizar” el despojo de los territorios ancestrales.

Este proceso registró una fuerte aceleración a partir de 2009, cuando Honduras sufrió un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya.

“El saqueo sistemático de nuestro territorio está íntimamente ligado a la corrupción imperante en el país, la que se recrudeció de forma exponencial a partir del golpe de 2009, ante la demolición del estado de derecho y el asalto perpetrado a las instituciones”, subraya la Ofraneh.

"Hay una violación reiterada al derecho al territorio, que implica una serie de otras violaciones como, por ejemplo, del derecho a la alimentación, educación, salud, en fin, del derecho a la vida. Nos han perseguido, reprimido, dividido, desplazado, encarcelado y hasta asesinado", denunció Teresa Reyes, dirigente garífuna de la Ofraneh durante una visita realizada por la organización a Nicaragua.

La palma africana

En las últimas décadas, Honduras ha vivido un acelerado proceso de expansión del cultivo de palma africana, que ha dejado profundos impactos socio-ambientales en la población negra, indígena y campesina, que ha sido gravemente afectada en su legítimo derecho a la tierra, a la alimentación, a una vida digna.

Honduras cuenta hoy con unas 165 mil hectáreas sembradas con palma africana y el objetivo del actual gobierno del presidente Juan Orlando Hernández es duplicar esta cantidad. Lo mismo quiere hacer con la producción de caña de azúcar. Según datos de la Ofraneh, más del 70% de los territorios garífunas ya están rodeados por las grandes plantaciones de palma africana.

Mientras en todo el norte de Honduras se va expandiendo la producción agroexportadora, el país sigue sufriendo un déficit anual de producción de granos básicos, cerca de 300 mil familias (1,5 millones de personas) continúan sin tener acceso a la tierra, la mitad de la población rural vive con menos de un dólar diario y 5,5 millones de personas están en situación de pobreza (67% de la población), 3,8 millones de las cuales en pobreza extrema (datos de la CEPAL, UNICEF y Observatorio del Mercado Laboral de la Secretaría del Trabajo).

“Este modelo de producción atenta contra la soberanía alimentaria del país, sobre todo ahora que el modelo basado en los monocultivos está afectando gravemente la capacidad de la población de satisfacer sus exigencias alimentarias”, recordó Miranda.

Nueva Armenia

La comunidad garífuna Nueva Armenia ha sufrido en carne propia los efectos de la expansión de la palma africana. En la década de los años 20 del siglo pasado, la población garífuna fue desplazada del territorio de Armenia, a pocos kilómetros de la ciudad de La Ceiba, por la transnacional Standard Fruit Company, y fue relocalizada en la margen izquierda del río Papaloteca.

Cuando, al inicio del nuevo siglo, se le venció la concesión otorgada por el Estado hondureño, la compañía frutera norteamericana retornó las tierras a la municipalidad de Jutiapa, desoyendo los incesantes reclamos del pueblo garífuna sobre sus tierras ancestrales.

“Paulatinamente y de forma amañada, la municipalidad fue repartiendo las tierras a pequeños grupos de supuestos campesinos, que comenzaron a talar árboles para sembrar palma africana. El proceso de despojo fue intensificándose con el pasar de los meses, profundizando aún más el acaparamiento de tierras y la siembra de palma africana”, explicó Félix Valentín, directivo de la Ofraneh, a Opera Mundi.

Arrinconado y cercado, el pueblo garífuna inició un intenso proceso de recuperación de sus tierras ancestrales, exponiéndose a la reacción violenta y represiva de los productores palmeros, protegidos por las autoridades locales y nacionales.

“El 8 de agosto del año pasado, un fuerte contingente de policías entró al campamento situado en el territorio recuperado de Nueva Armenia y detuvo a 40 personas. Los uniformados montaron a los compañeros garífunas en varias patrullas y los llevaron a Jutiapa, reteniéndolos de forma injustificada por más de 8 horas”, dijo Valentín.

Según la Ofraneh, varias personas vinculadas a los productores palmeros aprovecharon de la situación para quemar 11 casas con todos sus enseres. Mientras tanto, unos 80 miembros de la comunidad fueron demandados por “usurpación de tierra”. Sobre varios de ellos pende orden de captura, mientras a otros otorgaron medidas sustitutivas a la privación de la libertad, prohibiéndoles acercarse a la zona del conflicto.

“Nos acusan de estar usurpando tierras que son del pueblo garífuna, pero son ellos los usurpadores. No queremos palma africana, sino continuar a cultivar nuestra propia comida en el territorio que nos pertenece”, aseguró Carolina Castillo, habitante de Nueva Armenia y miembro de la Ofraneh.

Pocos meses después, miembros de Nueva Armenia fueron atacados a balazos por desconocidos, con un saldo de varias personas heridas. En mayo de este año, la dirigente Jésica García sufrió un intento de secuestro y ya no se cuentan los casos de amenazas e intimidaciones que sufre la comunidad.

En la madrugada del 27 de diciembre 2015, efectivos de la Fuerza Naval de Honduras atacaron a un grupo de garífunas que se encontraba en la barra de Iriona, tratando de remover un carro atascado. “Como resultado del ataque fallecieron Joel Palacios Lino (24 años) y Elvis Armando García (19 años)”, señala la Ofraneh en un comunicado.

El asesinato desató fuertes protestas en todo el territorio garífuna, exigiendo una profunda investigación de los hechos y castigo para los responsables de la masacre.

La proliferación de proyectos agroindustriales, turísticos, hidroeléctricos y mineros, sumado a la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, ya provocó la desaparición de algunas comunidades y está atentando contra la sobrevivencia del mismo pueblo garífuna.

La Ofraneh confía que las sentencias de la Corte Interamericana del pasado diciembre tendrán una connotación paradigmática, en cuanto sentarán jurisprudencia en relación a los pueblos indígenas y sus derechos ancestrales.

“De esa manera, no sólo se beneficiará el pueblo garífuna, sino todos los pueblos indígenas del mundo. Los Estados ya no podrán ignorar a los pueblos al momento de aprobar proyectos que afectan a sus territorios”, concluyó Miranda.

Reportaje publicado originalmente en Opera Mundi (portugués)
Versión español en LINyM

 

 

http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2016/02/reportaje-pueblo-garifuna-enfrenta.html