Mariana Delgado Morales, indígena bribri, habitante de Río Azul de Salitre alertó de la presencia de finqueros usurpadores de tierra y otras personas desconocidas en el territorio indígena de Salitre, ubicado en el cantón de Buenos Aires, en la región Sur-sur de Costa Rica.
Mariana denunció que estos mismos hombres son los que participaron en un ataque ocurrido el 4 de enero de 2013. Aquella noche, un grupo de sikuas (no indígenas) usurpadores y sus peones atacaron a tres familias bribris. En este agresión resultaron heridos los compañeros indígena Mainor Ortiz Delgado con una bala en
una pierna, un machetazo en la cabeza y una marca en el pecho que le
realizaron con un hierro caliente; José Luis Ortiz Delgado con golpes
varios y machetazos y Marco Obando Delgado con machetazos en sus
extremidades superiores y una semi-amputación de tres dedos, además de
otros miembros de las familias apedreados y apaleados.
Es importante mencionar que todas las agresiones que han sufrido las familias indígenas en Salitre se mantienen impunes.
(Estas grabaciones fueron realizadas con un teléfono celular y son de mala calidad.)
La complicidad del Estado costarricense en las agresiones a la población indígena se manifiesta en la inacción y la negligencia con la que asume un tema en el que corre peligro la vida de la población indígena, pero también se han dado casos en los que los policías han sido parte de las agresiones, en lugar de evitarlas.
Mariana envía un mensaje pidiendo la solidaridad para la lucha del pueblo indígena bribri por su territorio.
(La foto es de una de las casas quemadas en Cebror de Salitre en otro ataque de finqueros)
domingo, 7 de febrero de 2016
viernes, 5 de febrero de 2016
HONDURAS. Pueblo Garífuna enfrenta a corporaciones y al Estado de Honduras en defensa de sus tierras.
El
Estado hondureño se rehúsa a reconocer su condición de pueblo indígena y
le niega el derecho a la tierra. Corporaciones y terratenientes avanzan
con el monocultivo de palma africana, amenazando la soberanía
alimentaria
Foto: Giorgio Truchi
Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi/ 03-feb-2016
En octubre pasado, la Alianza Estadounidense por la Soberanía Alimentaria (USFSA por su sigla en inglés) decidió distinguir a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) con la sección internacional del Premio Soberanía Alimentaria 2015. Dicho premio se otorga cada año a activistas de base que trabajan por un sistema alimentario más democrático, y que promueven y defienden el derecho a la soberanía alimentaria.
Creada en 1978 para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las 46 comunidades garífunas situadas en la costa caribeña de Honduras, la Ofraneh lleva casi cuatro décadas organizando a su pueblo y defendiendo su territorio ancestral de la expansión de los monocultivos a gran escala, de la amenaza de los megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, del narcotráfico y de los embates del cambio climático.
Proyectos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) promovidas por el gobierno hondureño, mejor conocidas como “ciudades modelo”, que incluirían al menos a 20 comunidades garífunas en cinco de las diez zonas señaladas para la subasta al capital transnacional, se suman ahora a las amenazas que se ciernen sobre el pueblo garífuna.
“Los garífunas, que ya han sobrevivido a la esclavitud y al colonialismo, están ahora defendiendo y fortaleciendo la tenencia de la tierra, la agricultura y la pesca sostenible a pequeña escala. La Ofraneh reúne y organiza a las comunidades para enfrentar estos desafíos”, se lee en las motivaciones del premio.
Principalmente lo hace impulsando demandas legales -tanto nacionales como internacionales-, promoviendo la cultura garífuna y apoyando “la construcción de un movimiento donde se prioriza el desarrollo del liderazgo de los jóvenes y las mujeres”.
Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, explica que el propio Estado de Honduras se ha convertido en una de las principales amenazas para el pueblo garífuna. “Sigue negándose a reconocer nuestra condición de pueblo indígena y pretende relegarnos a una condición de minoría étnica no autóctona, sin derechos jurídicos internacionalmente reconocidos”, afirmó Miranda a Opera Mundi.
Esta actitud de negación trae consigo el desconocimiento del derecho ancestral que el pueblo garífuna tiene sobre sus territorios, pretendiendo así eludir la aplicación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales.
“De esa manera se niega el legítimo derecho que tenemos los garífunas a la Consulta Previa, Libre e Informada, consignada en el Convenio 169 y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, señaló la dirigente garífuna.
“Sin la aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la élite de poder y el capital transnacional”, agregó Alfredo López, vice coordinador de la Ofraneh.
López sufrió en carne propia la represión. Fue detenido en 1997 con falsas acusaciones y estuvo bajo prisión preventiva durante más de 6 años por su lucha contra el proyecto turístico Marbella, que había despojado a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz de una parte de sus tierras.
Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado de Honduras y facilitó su liberación.
“El Estado de Honduras fue condenado porque el líder garífuna no fue tratado con el debido respeto a su dignidad humana, al violentarse sus derechos como detenido. Durante su privación de libertad, López vivió en condiciones carcelarias infrahumanas y se le prohibió hablar en su idioma materno, el garífuna”, señala el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en un informe de 2006.
Negación de identidad
En su planteamiento, el Estado de Honduras argumenta que los garífunas llegaron a territorio hondureño solamente en 1797 - provenientes de la isla de San Vicente - y que ocuparon ilegalmente los territorios de los pueblos Tolupán y Miskito. En más de una ocasión, funcionarios del Estado han reforzado el concepto de que los garífunas son extranjeros y, por ende, no gozan de derechos territoriales.
“En repetidas ocasiones, el Estado ha actuado con una fuerte carga de racismo institucional, no solamente negando nuestra originariedad y condición de pueblo indígena, sino validando el acaparamiento ilícito y la invasión de nuestras tierras y territorios, así como el desplazamiento y expulsión de las comunidades garífunas”, dijo Miranda.
“Al negar nuestros derechos colectivos, el Estado muestra su desprecio hacia nuestro pueblo y el derecho internacional”, agregó.
Según la coordinadora de la Ofraneh, la ofensiva estatal contra los derechos ancestrales del pueblo garífuna desencadenó también un proceso de criminalización de cualquier intento de defensa del territorio, tanto de parte de empresarios nacionales y compañías transnacionales como de autoridades del Estado hondureño.
Ante la inoperancia de los órganos nacionales encargados de procurar y administrar la justicia y la impunidad generalizada que existe en Honduras, las comunidades garífunas, con el acompañamiento de la Ofraneh, decidieron presentar una serie de peticiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La visión de territorio comunitario es parte integral de nuestra cosmovisión, cimentada en la familia extensa y la matrifocalidad, la cual perdura hasta la fecha. Perder nuestro territorio es como perder nuestra madre, nuestra vida”, señaló Miranda.
Tras varios años de investigación, la CIDH optó por remitir dos casos a la Corte IDH que involucran a las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, como víctimas de violación al derecho del usufructo a la propiedad colectiva y transgresión a la Consulta Previa, Libre e Informada.
La CIDH y la Corte IDH son instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y están adscritas a la Organización de Estados Americanos (OEA). En el caso de la Corte IDH, sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros de este organismo hemisférico.
Según los jueces de la Comisión, los comunitarios aún no poseen un título de propiedad idóneo y culturalmente adecuado sobre su territorio. También alegan que solamente existe el reconocimiento de una parte del territorio ancestral y que el Estado sigue negando un título único basado en la ocupación histórica.
Sin embargo, no se trata únicamente de que el Estado legalice las tierras a favor de las comunidades garífunas, sino que garantice sus derechos sobre las tierras que fueron tituladas.
“A nada sirve que el Estado entregue títulos de propiedad colectiva a los pueblos indígenas, si luego no garantiza que los derechos que emanan de esos mismo títulos sean respetados. En Honduras hemos llegado al absurdo que el mismo Estado es el principal responsable del irrespeto a los derechos ancestrales de los pueblos indígenas”, reiteró Miranda.
Delegaciones de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, cuyos casos fueron ventilados ante la Corte IDH, asistieron en 2014 a audiencias públicas efectuadas por dicha instancia internacional en Costa Rica y Paraguay, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido sufriendo durante décadas, así como las repetidas violaciones a los derechos humanos a las que han estado expuestas.
En agosto de 2015, jueces de la Corte IDH efectuaron una visita in situ a las dos comunidades.
El 18 de diciembre 2015, la Corte notificó a las partes las sentencias por el caso de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, donde se hace responsable al Estado hondureño por la violación del derecho a la propiedad colectiva.
La Corte IDH ordenó al Estado el cumplimiento de una serie de medidas de reparación, como una forma de revertir el daño que, por más de una década, tanto el Estado como terratenientes, autoridades municipales y empresarios extranjeros, causaron a las comunidades garífunas
Dos casos emblemáticos
El caso de la comunidad Triunfo de la Cruz, presentado ante la CIDH en 2003 y elevado a la Corte IDH en 2013, es la acumulación de casi treinta casos de apropiación ilícita de territorio comunitario “a manos de las élites de poder del país, que han construido sus mansiones en contubernio con las autoridades de la municipalidad de Tela”, explica la Ofraneh en sus publicaciones.
El caso de la comunidad Punta Piedra, que también llegó a la Corte en 2013, se remonta a una invasión promovida por un militar en el año 1992, sin que más de dos décadas después exista interés algunos por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.
“A raíz de esta política de desconocimiento de derechos, las comunidades garífunas han venido sufriendo un saqueo histórico, tanto de los hábitats funcionales de las comunidades, incluyendo a las costas, como de terrenos dentro de las comunidades”, explica Miriam Miranda.
Pese a que a partir de la década de los años 90 se diera inicio a un proceso de titulación parcial, la aprobación de forma simultánea de la Ley de Municipalidades permitió la inclusión de muchas comunidades garífunas dentro de los cascos urbanos de los municipios. Esta argucia legislativa vino a “legalizar” el despojo de los territorios ancestrales.
Este proceso registró una fuerte aceleración a partir de 2009, cuando Honduras sufrió un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya.
“El saqueo sistemático de nuestro territorio está íntimamente ligado a la corrupción imperante en el país, la que se recrudeció de forma exponencial a partir del golpe de 2009, ante la demolición del estado de derecho y el asalto perpetrado a las instituciones”, subraya la Ofraneh.
"Hay una violación reiterada al derecho al territorio, que implica una serie de otras violaciones como, por ejemplo, del derecho a la alimentación, educación, salud, en fin, del derecho a la vida. Nos han perseguido, reprimido, dividido, desplazado, encarcelado y hasta asesinado", denunció Teresa Reyes, dirigente garífuna de la Ofraneh durante una visita realizada por la organización a Nicaragua.
La palma africana
En las últimas décadas, Honduras ha vivido un acelerado proceso de expansión del cultivo de palma africana, que ha dejado profundos impactos socio-ambientales en la población negra, indígena y campesina, que ha sido gravemente afectada en su legítimo derecho a la tierra, a la alimentación, a una vida digna.
Honduras cuenta hoy con unas 165 mil hectáreas sembradas con palma africana y el objetivo del actual gobierno del presidente Juan Orlando Hernández es duplicar esta cantidad. Lo mismo quiere hacer con la producción de caña de azúcar. Según datos de la Ofraneh, más del 70% de los territorios garífunas ya están rodeados por las grandes plantaciones de palma africana.
Mientras en todo el norte de Honduras se va expandiendo la producción agroexportadora, el país sigue sufriendo un déficit anual de producción de granos básicos, cerca de 300 mil familias (1,5 millones de personas) continúan sin tener acceso a la tierra, la mitad de la población rural vive con menos de un dólar diario y 5,5 millones de personas están en situación de pobreza (67% de la población), 3,8 millones de las cuales en pobreza extrema (datos de la CEPAL, UNICEF y Observatorio del Mercado Laboral de la Secretaría del Trabajo).
“Este modelo de producción atenta contra la soberanía alimentaria del país, sobre todo ahora que el modelo basado en los monocultivos está afectando gravemente la capacidad de la población de satisfacer sus exigencias alimentarias”, recordó Miranda.
Nueva Armenia
La comunidad garífuna Nueva Armenia ha sufrido en carne propia los efectos de la expansión de la palma africana. En la década de los años 20 del siglo pasado, la población garífuna fue desplazada del territorio de Armenia, a pocos kilómetros de la ciudad de La Ceiba, por la transnacional Standard Fruit Company, y fue relocalizada en la margen izquierda del río Papaloteca.
Cuando, al inicio del nuevo siglo, se le venció la concesión otorgada por el Estado hondureño, la compañía frutera norteamericana retornó las tierras a la municipalidad de Jutiapa, desoyendo los incesantes reclamos del pueblo garífuna sobre sus tierras ancestrales.
“Paulatinamente y de forma amañada, la municipalidad fue repartiendo las tierras a pequeños grupos de supuestos campesinos, que comenzaron a talar árboles para sembrar palma africana. El proceso de despojo fue intensificándose con el pasar de los meses, profundizando aún más el acaparamiento de tierras y la siembra de palma africana”, explicó Félix Valentín, directivo de la Ofraneh, a Opera Mundi.
Arrinconado y cercado, el pueblo garífuna inició un intenso proceso de recuperación de sus tierras ancestrales, exponiéndose a la reacción violenta y represiva de los productores palmeros, protegidos por las autoridades locales y nacionales.
“El 8 de agosto del año pasado, un fuerte contingente de policías entró al campamento situado en el territorio recuperado de Nueva Armenia y detuvo a 40 personas. Los uniformados montaron a los compañeros garífunas en varias patrullas y los llevaron a Jutiapa, reteniéndolos de forma injustificada por más de 8 horas”, dijo Valentín.
Según la Ofraneh, varias personas vinculadas a los productores palmeros aprovecharon de la situación para quemar 11 casas con todos sus enseres. Mientras tanto, unos 80 miembros de la comunidad fueron demandados por “usurpación de tierra”. Sobre varios de ellos pende orden de captura, mientras a otros otorgaron medidas sustitutivas a la privación de la libertad, prohibiéndoles acercarse a la zona del conflicto.
“Nos acusan de estar usurpando tierras que son del pueblo garífuna, pero son ellos los usurpadores. No queremos palma africana, sino continuar a cultivar nuestra propia comida en el territorio que nos pertenece”, aseguró Carolina Castillo, habitante de Nueva Armenia y miembro de la Ofraneh.
Pocos meses después, miembros de Nueva Armenia fueron atacados a balazos por desconocidos, con un saldo de varias personas heridas. En mayo de este año, la dirigente Jésica García sufrió un intento de secuestro y ya no se cuentan los casos de amenazas e intimidaciones que sufre la comunidad.
En la madrugada del 27 de diciembre 2015, efectivos de la Fuerza Naval de Honduras atacaron a un grupo de garífunas que se encontraba en la barra de Iriona, tratando de remover un carro atascado. “Como resultado del ataque fallecieron Joel Palacios Lino (24 años) y Elvis Armando García (19 años)”, señala la Ofraneh en un comunicado.
El asesinato desató fuertes protestas en todo el territorio garífuna, exigiendo una profunda investigación de los hechos y castigo para los responsables de la masacre.
La proliferación de proyectos agroindustriales, turísticos, hidroeléctricos y mineros, sumado a la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, ya provocó la desaparición de algunas comunidades y está atentando contra la sobrevivencia del mismo pueblo garífuna.
La Ofraneh confía que las sentencias de la Corte Interamericana del pasado diciembre tendrán una connotación paradigmática, en cuanto sentarán jurisprudencia en relación a los pueblos indígenas y sus derechos ancestrales.
“De esa manera, no sólo se beneficiará el pueblo garífuna, sino todos los pueblos indígenas del mundo. Los Estados ya no podrán ignorar a los pueblos al momento de aprobar proyectos que afectan a sus territorios”, concluyó Miranda.
Reportaje publicado originalmente en Opera Mundi (portugués)
Versión español en LINyM
lunes, 25 de enero de 2016
HONDURAS.Mis hondureñas, que no Miss Honduras
En estricto sentido, hondureñas son aquellas mujeres que nacieron en el territorio llamado hoy, Honduras, o las que a través de un papel firmado por el estado se les dice que lo son, por opción, deseo o permanencia. Así que ellas están incluidas en este 25 de enero que se dice día de la mujer hondureña y cuando nos regalarán otra corte sin justicia, pero suprema para repartir privilegios y salarios entre los pandilleros del “hernandismo” y sus secuaces.
Personalmente, no me asumo compañera de destino histórico y geográfico con esa hondureña que es responsable directa de la muerte de cientos de personas del seguro social movida por interés de engordar sus cuentas y anda por ahí haciéndose la chanchita; con la que negocia carros y patrullas con el estado patriarcal y se encarga de profundizar la explotación de las trabajadoras de este país; no soy compatriota de las que se apropian de ríos, tierras, montañas, Cortes, con sus legalizadas mañas en el congreso del cual, por supuesto, es parte.
No puedo serlo, no quiero.
Tampoco de las que persiguen universitarias, las que dirigen odio contra las lesbianas ni con las que hablan en nombre de un dios macho y violento. Las que adoran a los hombres y todas las estupideces que dicen, las barbaridades que hacen; pero odian a las mujeres y las lapidan con la palabra por cada error, cada metida de pata, cada tropiezo que protagonicen.
Aunque a todas ellas y a mí nos dieron lecciones de Moral y cívica hondureña en la escuela y nos enseñaron a recitar el himno entero y su explicación, nos contaron de las más banales razones para respetar héroes masculinos: que Cabañas era un viejito honrado, que Morazán era soldado y le faltaba una oreja, que Valle redactó el acta de independencia, aunque no muy convencido; y por supuesto aprendimos todas que en Honduras las mujeres nunca hicieron nada por este territorio.
No son mis hermanas de historia, aun compartiendo la misma narración de versos patrios, en esta noción de patria de la que se apropian políticos y funcionarios; clérigos, banqueros, terratenientes y todo el que serpea por esta tierra para ver qué más se le saca a la gente que trabaja, a la naturaleza que se acaba.
Todas pueden considerarse mujeres y haber nacido aquí, eso no lo discuto.
Pero las hondureñas de mi historia, mis hondureñas son esas sufragistas que se levantaron contra el desprecio por las mujeres y sus pensamientos, las que escupían contra la dictadura caríista y se movilizaban, las que escribieron revistas emancipatorias en los años tempranos del siglo 20 y se reunían a escondidas de sus maridos, sus sacerdotes y alcaldes para compartir la siempre fructífera semilla de la rebelión.
Y más aún, mis hondureñas nacieron en los lugares más lejanos de aquí. Una de ellas cecea, por razones de origen peninsular, indignada ante un padre bien macho y catracho que le rompe el labio a su hija a puño limpio porque dios se lo mandó y la joven está enamorada; o la que confundiendo desde siempre la conjugación de los verbos en esta lengua que no es la suya mantiene la rabia de Lempira entre sus manos; y otras que tienen la nostalgia de ríos, de rostros, de infancias distantes, pero ponen su inteligencia en los linderos de este pueblo.
Las hondureñas, a las cuales yo hago homenaje, en estos días de memoria son las que han entendido que a la utopía de la felicidad, para la cual estamos en este mundo, hay que hacerle espacio y darle alimento donde el cuerpo se levanta en la mañana, no importa de dónde digan ellos que somos.
Es más, mis hondureñas son las que luchan, aunque nacieran en México, Colombia, Suiza, el propio Estados Unidos, más de una isla, España; las kurdas, las venezolanas, las africanas, las que en Asia rompen el patriarcado, las miles de mujeres insurrectas del mundo. Las que saben que la nación es un macho invento fracasado construido y repetido para fragmentar a la grandiosa humanidad de las mujeres vitales, bravas, luchadoras, creativas que andamos por el mundo.
Melissa Cardoza
Escritora feminista hondureña
MÉXICO. Hoy: Marchan en Tila para exigir justicia por desaparición y ejecución, y por Ayotzinapa
Foto. ChiapasParalelo.com
Nueva Esperanza, Tila, Chiapas. 24 de enero de 2016.
A LOS PUEBLOS DE CHIAPAS, MÉXICO Y DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y SOCIALES
A LA PRENSA ESTATAL E INTERNACIONAL
Indígenas Choles de la comunidad Nueva Esperanza, Tila pertenecientes a LAKLUMAL IXIM-NORTE SELVA (NUESTRO PUEBLO DE MAÍZ) marchamos para exigir justicia al cumplirse 6 meses y 7 días de la desaparición, tortura y ejecución de Toni Reynaldo Gutiérrez López y para seguir solidarizándonos con los padres de los normalistas de Ayotzinapa.
Al cumplirse 6 meses y una semana de la cruel tortura y la ejecución de Toni Reynaldo Gutiérrez López a manos de policías municipales y gente armada perteneciente al PVEM y actuando bajo las órdenes del expresidente Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, nuevamente cerca de 500 mujeres y hombres indígenas choles estamos realizando a partir de las 9 de la mañana una marcha en la comunidad de Nueva Esperanza en Tila, Chiapas para seguir exigiendo justicia y desarticulación de los grupos paramilitares cercanos al PVEM principalmente y que actúan bajo protección de funcionarios del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Tila y de cuerpos policíacos y militares que operan en la región.
Seguimos denunciando que en el municipio de Tila impera un clima de terror y que los grupos paramilitares continúan actuando impunemente desde el Ayuntamiento de Tila, tal como lo han denunciado también los ejidatarios de la cabecera municipal de Tila. Por lo que alertamos que están dadas las condiciones para que ocurra una masacre de gran magnitud. Seguimos haciendo un llamado serio al gobernador Manuel Velasco Coello para que actúe y se desarticule y castigue a los grupos paramilitares y funcionarios que los respaldan y protegen, de no hacerlo será el principal responsable de lo que ocurra ante su grave omisión por garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal de miles de indígenas del municipio de Tila.
Continúan los actos de provocación del gobierno de Chiapas, del Ayuntamiento y de la Procuraduría Agraria, al negarse a dar reconocimiento a las autoridades del Comisariado Ejidal y Agente Municipal de Nueva Esperanza que han sido elegidos en asamblea, pretendiendo hacerlo a favor de grupos afines al PVEM, por lo que desde hace meses no existen autoridades formales en Nueva Esperanza y existe un clima de preocupante tensión.
A 2 días de cumplirse 16 meses de los atroces hechos de la masacre de Iguala en Guerrero, queremos manifestar que seguimos solidarizándonos con los normalistas y padres de Ayotzinapa y junto a ellos seguimos exigiendo justicia y la inmediata presentación con vida de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos forzadamente el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Queremos expresar nuestro total respaldo a todos los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Ayotzinapa), de manera especial a Claudia Paz y Paz y Ángela Buitrago, quienes han sido blanco de una cobarde campaña de desprestigio de la SEDENA, distintos medios y supuestas organizaciones que avalan a las fuerzas armadas, cuando en el fondo se aprecia que es una estrategia de propaganda y guerra no convencional desplegada desde las instancias de inteligencia del ejército y del gobierno federal.
Los acontecimientos de violencia en Tila y Oxchuc son una señal inequívoca del descontento social que se está gestando en decenas de comunidades y municipios de Chiapas ante los agravios y violaciones de Derechos Humanos que se cometen sistemáticamente en contra de los pueblos por parte del Gobierno de Chiapas y por el cierre de cauces democráticos en Chiapas ante una elección de Estado para imponer al PVEM. Este es el escenario de alto riesgo en que llegará el Papa Francisco a Chiapas y que el gobierno pretende usar en su provecho para invisibilizar la grave situación que se padece en Chiapas.
Al papa Francisco, le manifestamos que llega a Chiapas en un momento de graves violaciones de Derechos Humanos cometidos por el gobierno actual que encabeza Manuel Velasco Coello. Le pedimos que sea portavoz de los pobres para denunciar la situación de terror que se vive en México y que no guarde silencio. Queremos a un Papa que esté con los pobres y marginados de México y que camina y denuncia las atrocidades que se viven en México y Chiapas. En Chiapas se gesta un escenario de despojo de las tierras y territorios campesinos e indígenas para favorecer a empresas extranjeras mineras y de energía.
Manifestamos que a pesar de las provocaciones y amenazas que han lanzado sujetos identificados como integrantes de grupos paramilitares del PVEM en Nueva Esperanza, quienes han amenazado de muerte a Magali del Carmen Cruz Pérez (esposa de Toni Reynaldo) y a mujeres y ejidatarios pertenecientes a la organización Laklumal Ixim-Norte Selva, continuaremos nuestra lucha por justicia, por la defensa de nuestros Derechos Humanos y por el Territorio de manera pública y pacífica y con el apoyo de los compañeros del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa buscaremos llevar nuestra exigencia de justicia a organismos e instancias internacionales de Derechos Humanos.
Seguimos denunciando a la Procuraduría General de Justicia del Estado quien ha actuado de forma negligente con dolo y a 6 meses no ha corregido sus graves e intencionales “errores” y no ha fincado cargos por los delitos de desaparición forzada, tortura, detención arbitraria y los que resulten contra los policías detenidos, así como de no actuar contra los que dieron la orden y son responsables y líderes de los delitos cometidos por grupos armados que han asolado de violencia el municipio de Tila. Por lo que tememos de que los policías alcancen próximamente su libertad y se cometa una gran injusticia y los testigos y esposa de Toni Reynaldo Gutiérrez López quedan vulnerables y en grave riesgo.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos: Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!
¡Justicia y verdad para Toni Reynaldo Gutiérrez López!
¡Castigo a Limber Gregorio Gutiérrez López y a los grupos armados de corte paramilitar que operan en la región norte-selva!
¡Tarifa justa de energía eléctrica!
Familiares de Toni Reynaldo Gutiérrez López
Ejidatarios y pobladores de Nueva Esperanza, Tila
Laklumal Ixim-Norte Selva (Nuestro Pueblo de Maíz)
HAITÍ. Lo que está ocurriendo en Haití es una auténtica rebelión popular antiimperialista
por Carlos Aznárez
Resumen Latinoamericano, 23 de enero 2016.
Puerto Príncipe y otras ciudades de Haití son hoy el escenario de la más grande rebelión popular de las últimas décadas de la sufrida nación haitiana. Decenas de miles de manifestantes se han lanzado a la calle para demostrar su repulsa contra el actual gobierno presidido por Michell Martelly, que había decidido, contra el pensamiento de la gran mayoría, mantener la fecha del domingo 24 para realizar una "mascarada electoral", tal cual la califican los partidos opositores. Sin embargo, un griterío ensordecedor comenzó a subir desde los rincones más pobres de la ciudad e incluso invadió con inusitada violencia las calles residenciales de Petion-Ville: es es pueblo en toda la magnitud de su capacidad de resistencia, haciendo honor a sus orígenes independentistas y anti-esclavistas de 1804, que se ha puesto de pie para generar una ofensiva antiimperialista y escribir en las páginas de su propia historia un descomunal: “¡¡Basta!!”.
-Basta de utilizar el territorio haitiano como un laboratorio invasivo por parte de Estados Unidos y sus aliados.
-Basta de tropas invasoras de la Minustah, que muy por el contrario de lo que enuncian sus promotores cuando hablan de “ayudar al pueblo haitiano y ejercer una misión humanitaria”, todo lo que ha dejado su accionar es represión, ocupación, violación de niños y niñas por parte de soldados entrenados para matar, transmisión del cólera, cuya epidemia causó decenas de miles de muertos.
-Basta de complicidad latinoamericana con las tropas invasoras de las Naciones Unidas.
-Basta de la burla e hipocresía internacional, derivada de las vergonzosas "misiones de ayuda", encabezadas por el genocida norteamericano Bill Clinton, que solo persiguen afianzar aún más los lazos de dependencia y dominación del pueblo haitiano.
Es por ello que durante las últimas semanas Haíti se fue convirtiendo en un escenario claramente pre- revolucionario, produciéndose estos últimos días una masiva rebelión popular. Frente a la tozudez criminal de Martelly y sus secuaces de querer que el acto electoral se realizara de todas maneras, y la tibia y epistolar respuesta de la partidocracia opositora (salvo honrosas excepciones), miles de jóvenes decidieron tomar el futuro en sus manos y en grandes oleadas comenzaron a recorrer las calles, primero pacíficamente, levantando consignas contra el Consejo Electoral y pidiendo la renuncia del Presidente. Frente a la brutal represión policial y de las tropas de la Minustah, quienes se movilizaron comenzaron a ejercer, en respuesta, la lógica y necesaria violencia popular. Esa que cuando surge, en las circunstancias límites (y esta, vaya si lo es) siempre provoca reacciones de repudio en los sectores oligárquicos y pequeño burgueses (incluso en algunos sectores de cierta izquierda boba) que no pueden comprender que la paciencia de los pueblos tiene límites muy claros.
En el Haití de hoy, todo lo que haga el pueblo en su autodefensa, frente a políticos venales y uniformados invasores, está más que justificado.
Los ejemplos de estas últimas horas son contundentes: Estudiantes, trabajadores y luchadores de todas las generaciones atravesaron a la carrera el bulevard La Saline. Luego irrumpieron en el barrio Bel-Air y en la ruta Delmas, al grito de “Martelly se tiene que ir. Nosotros somos el gobierno”. En la plaza Saint-Pierre la policía y no pocos cascos azules de la Minustah atacaron a la multitud con gases, balas de goma y chorros de líquido irritante para la vista y la piel, pero los jóvenes no cedieron y comenzaron a levantar barricadas y a encender neumáticos en los cortes de calle. Las bombas molotov, las piedras y otros objetos similares, eran la respuesta a la violencia de los uniformados que convirtieron en pocos minutos el clima irrespirable por los gases en un verdadero pandemónium. Coches incendiados, locales del partido oficialista destruidos y el boca a boca advirtiendo que “nadie abandone las calles, somos el poder popular”.
Cuando un grueso de los manifestantes invadieron con sus cantos y protestas el bastión “martellista” de Petion-Ville, los comerciantes cerraron sus puertas y algunos energúmenos ligados al partido de Martelly golpearon a un joven, que fue defendido rápidamente por otros, mientras la ira popular se desató en toda su magnitud contra vehículos y algunos establecimientos oficiales.
Fue en ese preciso momento, que una noticia recorrió cada una de las manifestaciones como un reguero de pólvora: “el gobierno ha decidido no realizar los comicios el 24 por razones de seguridad”. El estallido de alegría atronó en todo el territorio, y se redoblaron las consignas que exigen que Martelly abandone el cargo. “Mientras él no renuncie, nadie se irá a su casa”, gritó subido al techo de un vehículo uno de los luchadores haitianos. Y miles de brazos se levantaron haciendo la V de la victoria.
Así está el panorama por estas horas, a pesar del ninguneo y la tergiversación mediática, en una nación a la que América Latina y el Caribe le deben tanto. Entre otras cosas: los vientos libertarios de 1804 que iluminaron las luchas independentistas posteriores. Ahora, lo que hace falta, es que en cada uno de los países donde los malos gobiernos impulsaron invadir Haití con tropas latinoamericanas, se haga todo lo posible para que esa vergüenza concluya de una buena vez. Y que a cambio, las organizaciones populares del continente eleven su solidaridad concreta con quienes en las calles están peleando con todos los medios a su alcance por la definitiva independencia.
VER VIDEOS SOBRE LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS
Y LA LUCHA DEL PUEBLO HAITIANO
un resumen en función de las secuencias del vídeo titulado: La movilización posterga la segunda vuelta.
1.- En forma de broma cantan: el presidente no puede mentir, vamos a votar el 24;
2.- Luego hacen una ronda y repiten: No vamos a votar;
3.- No creyeron en lo de hoy, en lo que está pasando ahora en las calles, no creyeron que fuera posible; ahora lo están viendo, estamos acá y no tenemos miedo;
4.- Garantizamos al pueblo que no va a haber elección el 24;
5.- Dónde está Martelly…..
6.- No aceptamos a Martelly. Le decimos que tiene que retroceder con su proyecto de realizar elección el 24, si no quiere correr la misma suerte que Guillaume Sam -el presidente haitiano que fue quemado en las calles-;
7.- Pues, quizá Martelly, no tendrá la suerte de escapar utilizando los servicios de la Embajada norteamericana;
8.- Hace 5 años desde que venimos reclamando cambios a Martelly solamente goleando las manos, hoy decimos que nos hace falta una revolución social,
9.- Hoy, ante tal demostración de fuerza popular en las calles, tuvieron que retroceder,pero ahora queremos un retroceso total como respuesta a la voz de la mayoría;
10.- Abajo Martelly;
11.- No puede haber elección el 24;
12.- Represión con tiros y gases;
13.- Ahora la lucha plantea otra consigna: no sólo queremos la anulación de las elecciones sino la partida de Martelly y de Evans Paul;
14.- Por primera vez en nuestra historia un presidente va a tener que abandonar el poder una semana antes de la finalización de su mandato;
15.- Esto es una prueba de los abusos, de la represión de la Policía, sobre todo de los del CIMO -una unidad especializada de la Policía Nacional Haitiana-.
jueves, 14 de enero de 2016
ARGENTINA. El despido, herramienta de persecución
Por Laura Vales/ Resumen Latinoamericano / 10 de Enero 2016.
YA SON ALREDEDOR DE 15 MIL LOS EMPLEADOS CESANTEADOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS PUBLICAS
Las cesantías van de la mano de la campaña de estigmatización que el gobierno de Macri puso en marcha con la advertencia de que van a “limpiar” el Estado de simpatizantes de La Cámpora. La regla común es despedir sin importar qué tarea cumple cada trabajador.
Ante los despidos, los trabajadores, rápidos de reflejos, se movilizaron y lograron abrir canales de negociación.
“Váyanse de vacaciones tranquilos”, le dijeron a C y a dos compañeros en el Senado el 30 de diciembre. El lunes, leyendo un tuit de la vicepresidenta Gabriela Michetti, se enteró de que habían perdido sus trabajos. En la Afsca, Cambiemos pasó el rastrillo de los despidos no según las funciones que cumplían los empleados ni el presupuesto disponible, sino con la lista de los afiliados a Nuevo Encuentro: militantes afuera. En Jefatura de Gabinete les dijeron a 150 personas que ya no las requerían, sin mandarles ninguna notificación. Como se presentaron igual a trabajar, pusieron un guardia de seguridad en la puerta con una lista de los que no podían entrar. En Diputados los despidos masivos se frenaron con la toma del Salón de los Pasos Perdidos, pero por debajo sigue corriendo una campaña de estigmatización con la advertencia de que van a “limpiar” el Estado de los simpatizantes de La Cámpora.
Los despidos en la administración pública –entre diez mil y quince mil, en un número que va variando día a día– tomaron un nítido tinte de persecución política, aunque tome como blanco al ordenanza o la secretaria. En una serie de lugares han sido masivos (2035 en el Senado, 1200 en la Municipalidad de Lanús, donde asumió el ex jefe de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, 4000 en la de La Plata), y en el resto el método es el rastrillo. Pero como regla común, no toman en cuenta qué trabajo estaba haciendo cada uno de los afectados.
Las cesantías van de la mano de la campaña de estigmatización que el gobierno de Macri puso en marcha con la advertencia de que van a “limpiar” el Estado de simpatizantes de La Cámpora. La regla común es despedir sin importar qué tarea cumple cada trabajador.
Ante los despidos, los trabajadores, rápidos de reflejos, se movilizaron y lograron abrir canales de negociación.
“Váyanse de vacaciones tranquilos”, le dijeron a C y a dos compañeros en el Senado el 30 de diciembre. El lunes, leyendo un tuit de la vicepresidenta Gabriela Michetti, se enteró de que habían perdido sus trabajos. En la Afsca, Cambiemos pasó el rastrillo de los despidos no según las funciones que cumplían los empleados ni el presupuesto disponible, sino con la lista de los afiliados a Nuevo Encuentro: militantes afuera. En Jefatura de Gabinete les dijeron a 150 personas que ya no las requerían, sin mandarles ninguna notificación. Como se presentaron igual a trabajar, pusieron un guardia de seguridad en la puerta con una lista de los que no podían entrar. En Diputados los despidos masivos se frenaron con la toma del Salón de los Pasos Perdidos, pero por debajo sigue corriendo una campaña de estigmatización con la advertencia de que van a “limpiar” el Estado de los simpatizantes de La Cámpora.
Los despidos en la administración pública –entre diez mil y quince mil, en un número que va variando día a día– tomaron un nítido tinte de persecución política, aunque tome como blanco al ordenanza o la secretaria. En una serie de lugares han sido masivos (2035 en el Senado, 1200 en la Municipalidad de Lanús, donde asumió el ex jefe de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, 4000 en la de La Plata), y en el resto el método es el rastrillo. Pero como regla común, no toman en cuenta qué trabajo estaba haciendo cada uno de los afectados.
Reflejos
Ya desde el lunes, cuando se conocieron las primeras censantías, los despedidos mostraron reflejos más rápidos que los gremios. En la Jefatura de Gabinete, por ejemplo, apenas les informaron que quedarían fuera, los cesanteados se pusieron de acuerdo en no dejar de ir a trabajar. Cuando comenzaron a impedirles el ingreso en la puerta, organizaron una permanencia en el hall, llamaron a un escribano y documentaron lo sucedido. Luego amenazaron con armar una concentración: apelaron a los recursos tradicionalmente usados ante despidos, y consiguieron que el mismo día en que advirtieron que harían una protesta en la calle, se abriera una negociación, en la que los representaron los sindicatos.
“Estamos con ellos, queremos que nos defiendan, pero lo que nos decían no nos terminaba de convencer. Por ejemplo, el martes nos plantearon que había que esperar, que tenían una reunión con las autoridades para el viernes. ¡Nosotros no podíamos esperar tanto..! Y pasó algo piola, que fue que la mayoría de los trabajadores empezamos a pedir que circulara la información y todo el mundo accionó. Creo que eso nos sirvió a todos, también a los gremios, para poder presionar”, cuenta Lorena Moreno, una de las cesanteadas de Jefatura de Gabinete.
El manual de Cambiemos para echar estatales muestra tres pasos: el primero es el despido, en muchos casos masivo; el segundo, si hay resistencia, es armar alguna instancia de “revisión” con la promesa de enmendar eventuales errores. En los lugares de trabajo donde el nivel de conflicto se vuelve inmanejable, ofrecen a los despedidos renovarles los contratos por tres meses, plazo en el que evaluarán quiénes mantienen su empleo. En La Plata, como se sabe, el intendente macrista Garro directamente reprimió las protestas con la Policía Bonaerense.
El sostén de este esquema es el decreto que el presidente Mauricio Macri firmó el 24 de diciembre y el Boletín Oficial publicó el 29/12. En él instruyó a los ministros, secretarios y autoridades de todo el Estado a “revisar” los concursos y selección de personal de los últimos tres años. Macri pidió expresamente la anulación de contrataciones y designaciones, tras recordar a su equipo que la ley de regulación de empleo público (la 25.164) “establece que toda designación efectuada en violación a la normativa vigente podrá ser declarada nula”.
El mandatario justificó la “revisión del empleo público” con el argumento de que se debe controlar la “idoneidad” del personal a fin de tener un Estado eficiente.
Relación de fuerzas
La ejecución de los funcionarios de Cambiemos, sin embargo, obvió los controles de idoneidad e incluso los de si la gente iba a o no a trabajar. No hubo evaluaciones de capacidad, ni de asistencia.
Dos casos lo ilustran: Michetti, en el Senado, anuló todas las designaciones firmadas por su antecesor Amado Boudou en 2015 y dejó sin trabajo a 2035 personas. A al día siguiente, la vicepresidenta se enteró de que en ese paquete había dejado en la calle a más de 50 discapacitados, que habían sido tomados en cumplimiento de la ley que obliga al Estado a emplear a un 4 por ciento de discapacitados, y tuvo que rever su medida. Es decir, que ni siquiera sabía a quién estaba despidiendo: sólo tuvo en cuenta el número, el achique del gasto. En Quilmes, el intendente Martiniano Molina siguió un esquema idéntico y echó a mil personas, nombradas durante el último año de gestión de su antecesor Francisco Gutiérrez.
“Yo no recuerdo una transición tan traumática” para los empleados públicos, apunta Norberto Di Próspero, secretario de la Asociación de Personal Legislativo (APL). “Hace 32 años que trabajo en el Congreso, entré en el 84, con la recuperación de la democracia, y la única vez que hubo algo tan duro fue en el 89/90, cuando Eduardo Duhalde fue presidente del Senado y echó a mil personas. En todas las otras transiciones, la planta política se va con los legisladores salientes y la permanente queda, porque su trabajo es servir el café, limpiar el piso, hacer de taquígrafo, hacer tareas técnicas o contables. En cambio, acá ya antes de asumir Michetti dijo que había dos mil ñoquis y después echó a ese número. Al ñoqui lo sacás con un control; Cambiemos lo que quiere es otra cosa, imponer una política, la del Estado chico… lo que ya conocemos de otra década.”
Tras retrotraer los despidos de los discapacitados, en el Senado se abrió una negociación con los gremios por el resto de los cesanteados. Lo mismo sucedió en otros ámbitos. El modo en que se van resolviendo los despidos está ligado a la relación de fuerzas y no a la legitimidad o injusticia de la medida.
La Inspección General de Justicia (IGJ) es otro ejemplo de cómo la capacidad de los empleados de dar una pulseada o no define el escenario. “El mismo día que entró, el nuevo responsable dio de baja a 150 personas que tenían contratos de planta transitoria”, contó a Página/12 uno de los afectados del organismo. Los trabajadores pararon la atención en la mesa de entradas del organismo, con lo que bloquearon toda actividad de la IGJ. “Esa misma tarde nos dieron la prórroga de tres meses y la apertura de negociaciones.” La extensión de los contratos por tres meses está dentro de lo previsto en el decreto de Macri, pero al parecer sólo se implementa si es forzada por medidas gremiales.
En la Afsca, la intervención tampoco hizo control de eficiencia o ausentismo para los despidos. En el organismo que presidía Martín Sabbatella había un centenar de trabajadores afiliados a su partido, Nuevo Encuentro. Los militantes aportaban a NE por planilla, un mecanismo que permite que el empleador, con la autorización del empleado, transfiera directamente a la organización una cuota al partido. El sistema es el mismo que el de la afiliación a un sindicato. “La intervención tomó la lista de los aportantes por planilla y despidió a todos”, resumió Fernando Torrillate, ex funcionario de la Afsca. Una parte eran cargos políticos, que iban a irse junto con Sabbatella, pero otra parte son empleados que cumplían funciones técnicas: secretarias, fotógrafos, encargados de relevar contenidos de los medios.
Precarizados
La pelea contra los despidos se está dando mucho más en el terreno de la lucha gremial y no en los tribunales. La razón de que haya protestas –concentraciones, tomas de edificios, denuncias por las redes– pero pocas presentaciones judiciales obedece a los niveles de precarización preexistentes dentro del empleo público. “En el Estado hay 95 mil trabajadores precarios, y de ellos no menos de 25 mil son contratos basura: con universidades u organismos internacionales, cuentapropistas, contratos de locación de obra y servicio… son situaciones de endeblez legal. Por eso, iniciar acciones legales en muchos de estos casos es llevar al compañero a un callejón sin salida”, considera Hugo Godoy, titular de ATE.
“¿Qué derechos jurídicos puede tener una persona si trabajaba para el Estado pero contratado por una universidad?”, agregó el dirigente, que criticó las irregularidades de estos modos de contratación de la gestión kirchnerista. Para Godoy, la precarización dentro del Estado “fue injustificable: si uno mira el presupuesto del año pasado, hubo fondos para 45 mil cargos que no fueron efectivizados. Es decir que no hubiera alcanzado para dar cobertura a los 90 mil precarizados, pero a la mitad sí”.
Un balance al cierre de la semana, según los datos dados por ATE, daba los siguientes números:
2000 despedidos en el Senado
730 en el Centro Cultural Kirchner
200 en Agricultura
110 en la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización
40 en Planificación Federal
50 en Trabajo
135 en la Afsca
16 en Cultura
12 en Desarrollo Social
En los municipios del conurbano: más de 7000 entre las intendencias de Quilmes (900), Lanús (1200), La Plata (4500), Brandsen, Escobar, Lobos, Roque Pérez, Chivilcoy, Madariaga, Moreno, Pila, Suipacha y San Pedro.
Las provincias sumaban sus despidos: 832 en municipios de Catamarca (FpV), 1000 en Tierra del Fuego, gobernada por el FpV, y 1600 en Mendoza, donde gobierna una coalición encabezada por el radicalismo.
HONDURAS. Rechazamos la presencia de militares y narcos en el territorio Garífuna
ofraneh / 13 de enero 2016
Sambo Creek, 13 de enero de 2015.- El ataque por parte de elementos de la Fuerza Naval de Honduras a un grupo de Garífunas, el pasado 27 de diciembre en la barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de dos jóvenes, que se encontraban auxiliando a un vehículo atascado en la arena, en el cual transportaban familias desde Tocamacho hacia Tocoa.
Como es de conocimiento público, la inexistencia de vías de comunicación en el municipio de Iriona, obliga a sus habitantes a utilizar la playa como la única vía para movilizarse entre los departamentos de Colón y Gracias a Dios.
El fatídico asalto con armas automáticas perpetrado por los militares forma parte de la estrategia de militarización que sufren las comunidades Garífunas cercanas a la Moskitia. Las comunidades Garífunas reaccionaron demandando una inmediata desmilitarización, ante los crímenes cometidos por los uniformados y los constates abusos a los derechos humanos que se han venido dando en los últimos meses.
Desafortunadamente el clamor de desmilitarización por parte de las comunidades ha sido tergiversado por algunos funcionarios y militares los que han insinuado de forma mailintencionada un contubernio de nuestro pueblo con el crimen organizado.
Durante las últimas dos décadas Honduras se convirtió en un trampolín para el trafico de estupefacientes desde los países productores en Sudamérica hacia el mercado estadounidense. A partir del golpe de Estado del año 2009, Honduras se convirtió en un narco estado, donde existe una fina cutícula entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad.
Es partir de mayo del 2012, cuando Estados Unidos finalmente interviene, y ocurre la masacre de Ahuas, en la que helicópteros de la DEA masacran a siete Miskitos inocentes, percance que hasta la fecha, tanto las autoridades de los Estados Unidos como de Honduras han eludido investigar de forma fehaciente y apegarse a derecho. Casualmente días antes de la masacre el periódico New York Times publico un artículo intitulado “ Lecciones de Irak ayudan a los Estados Unidos en su guerra contra las drogas en Honduras”.
El cambio de enfoque de los Estados Unidos de una cierta permisibilidad al desmatelamiento de las bandas de crimen organizado, conllevó a la represión directa de los pueblos indígenas que habitamos la costa caribe de mesoamérica. Sin embargo, la represión aplicada a los pueblos no hizo mella alguna al contubernio existente entre crimen organizado y funcionarios estatales.
La putrefacción del aparato judicial causada por la politización, especialmente después del golpe a la Corte Constitucional (12-12-12) promovido por el actual presidente de Honduras, consolidó los espacios adquiridos por el crimen organizado.
La criminalización del pueblo Garifuna emprendida por los militares y funcionarios estatales, no es más que una cortina de humo para ocultar la alianza existente entre alcaldes, jueces y narcos. Las Fuerzas de Seguridad poseen suficiente información sobre quienes son y como actúa el crimen organizado en el país. Las comunidades Garífunas se han mantenido al margen del lucrativo y espeluznante negocio. Si bien hay algunos Garífunas involucrados, la gran mayoría de nuestro pueblo se mantiene fuera de la esfera de influencia del narcotráfico, y podemos señalar de forma contundente que ejercito y policía conocen bien quienes son los involucrados, pero se abstienen de desmantelar las estructuras criminales.
Como hemos repetido de forma frecuente, las comunidades Garífunas son islas de paz en un mar de sangre. La desmilitarización que exigimos no implica en ningún momento contubernio con el narcotráfico, el cual ha afectado a nuestro pueblo a través de la apropiación ilegal de tierras y el control de las municipalidades y juzgados.
La guerra santa contra las drogas emprendidas por los Estados Unidos hace mas de cuatro décadas ha fracasado de forma contundente, sirviendo más a los intereses de banqueros y empresarios que se han involucrado en lo que se puede llamar el negocio más lucrativo en el planeta.
Afganistan y Colombia son ejemplos de ese costoso fiasco, y a pesar de encontrarse militarizados y en guerra, las drogas continúan siendo producidas y exportados a los países industrializados. De no cambiar Estados Unidos el enfoque, son las comunidades más pobres las que pagaran el precio de la desacertada política esgrimida desde la época de Richard Nixon.
Uno de las problemáticas más graves que afecta a Honduras además del narcotráfico es la putrefacción y colapso de la policía y la conversión del ejercito en fuerza policial, labor que no corresponde con su verdadera misión y da lugar a violaciones a los derechos humanos
.,
Mientras tanto, las comunidades Garífunas reportan un incremento de la presencia militar en Iriona y un acoso permanente al pueblo Garinagu, que lo podemos relacionar más con una estrategia para impulsar un desplazamiento de la población en aras del experimento neoliberal de las Ciudades Modelo que del control del narcotráfico.
Exigimos además de la desmilitarización, una intervención judicial efectiva para desmantelar las estructuras políticas y económicas de los narcos, así mismo que cese el hostigamiento a los líderes Garifunas, entre ellos al Dr. Luther Castillo, y los testigos de la matanza acontecida en la Barra de Irona, los que vienen siendo hostigados por las fuerzas militares.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Sambo Creek, 13 de enero de 2015.- El ataque por parte de elementos de la Fuerza Naval de Honduras a un grupo de Garífunas, el pasado 27 de diciembre en la barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de dos jóvenes, que se encontraban auxiliando a un vehículo atascado en la arena, en el cual transportaban familias desde Tocamacho hacia Tocoa.
Como es de conocimiento público, la inexistencia de vías de comunicación en el municipio de Iriona, obliga a sus habitantes a utilizar la playa como la única vía para movilizarse entre los departamentos de Colón y Gracias a Dios.
El fatídico asalto con armas automáticas perpetrado por los militares forma parte de la estrategia de militarización que sufren las comunidades Garífunas cercanas a la Moskitia. Las comunidades Garífunas reaccionaron demandando una inmediata desmilitarización, ante los crímenes cometidos por los uniformados y los constates abusos a los derechos humanos que se han venido dando en los últimos meses.
Desafortunadamente el clamor de desmilitarización por parte de las comunidades ha sido tergiversado por algunos funcionarios y militares los que han insinuado de forma mailintencionada un contubernio de nuestro pueblo con el crimen organizado.
Durante las últimas dos décadas Honduras se convirtió en un trampolín para el trafico de estupefacientes desde los países productores en Sudamérica hacia el mercado estadounidense. A partir del golpe de Estado del año 2009, Honduras se convirtió en un narco estado, donde existe una fina cutícula entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad.
Es partir de mayo del 2012, cuando Estados Unidos finalmente interviene, y ocurre la masacre de Ahuas, en la que helicópteros de la DEA masacran a siete Miskitos inocentes, percance que hasta la fecha, tanto las autoridades de los Estados Unidos como de Honduras han eludido investigar de forma fehaciente y apegarse a derecho. Casualmente días antes de la masacre el periódico New York Times publico un artículo intitulado “ Lecciones de Irak ayudan a los Estados Unidos en su guerra contra las drogas en Honduras”.
El cambio de enfoque de los Estados Unidos de una cierta permisibilidad al desmatelamiento de las bandas de crimen organizado, conllevó a la represión directa de los pueblos indígenas que habitamos la costa caribe de mesoamérica. Sin embargo, la represión aplicada a los pueblos no hizo mella alguna al contubernio existente entre crimen organizado y funcionarios estatales.
La putrefacción del aparato judicial causada por la politización, especialmente después del golpe a la Corte Constitucional (12-12-12) promovido por el actual presidente de Honduras, consolidó los espacios adquiridos por el crimen organizado.
La criminalización del pueblo Garifuna emprendida por los militares y funcionarios estatales, no es más que una cortina de humo para ocultar la alianza existente entre alcaldes, jueces y narcos. Las Fuerzas de Seguridad poseen suficiente información sobre quienes son y como actúa el crimen organizado en el país. Las comunidades Garífunas se han mantenido al margen del lucrativo y espeluznante negocio. Si bien hay algunos Garífunas involucrados, la gran mayoría de nuestro pueblo se mantiene fuera de la esfera de influencia del narcotráfico, y podemos señalar de forma contundente que ejercito y policía conocen bien quienes son los involucrados, pero se abstienen de desmantelar las estructuras criminales.
Como hemos repetido de forma frecuente, las comunidades Garífunas son islas de paz en un mar de sangre. La desmilitarización que exigimos no implica en ningún momento contubernio con el narcotráfico, el cual ha afectado a nuestro pueblo a través de la apropiación ilegal de tierras y el control de las municipalidades y juzgados.
La guerra santa contra las drogas emprendidas por los Estados Unidos hace mas de cuatro décadas ha fracasado de forma contundente, sirviendo más a los intereses de banqueros y empresarios que se han involucrado en lo que se puede llamar el negocio más lucrativo en el planeta.
Afganistan y Colombia son ejemplos de ese costoso fiasco, y a pesar de encontrarse militarizados y en guerra, las drogas continúan siendo producidas y exportados a los países industrializados. De no cambiar Estados Unidos el enfoque, son las comunidades más pobres las que pagaran el precio de la desacertada política esgrimida desde la época de Richard Nixon.
Uno de las problemáticas más graves que afecta a Honduras además del narcotráfico es la putrefacción y colapso de la policía y la conversión del ejercito en fuerza policial, labor que no corresponde con su verdadera misión y da lugar a violaciones a los derechos humanos
.,
Mientras tanto, las comunidades Garífunas reportan un incremento de la presencia militar en Iriona y un acoso permanente al pueblo Garinagu, que lo podemos relacionar más con una estrategia para impulsar un desplazamiento de la población en aras del experimento neoliberal de las Ciudades Modelo que del control del narcotráfico.
Exigimos además de la desmilitarización, una intervención judicial efectiva para desmantelar las estructuras políticas y económicas de los narcos, así mismo que cese el hostigamiento a los líderes Garifunas, entre ellos al Dr. Luther Castillo, y los testigos de la matanza acontecida en la Barra de Irona, los que vienen siendo hostigados por las fuerzas militares.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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